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El Tribunal Supremo de Estados Unidos abordará en diciembre un caso trascendental que podría redefinir los derechos de la comunidad trans.

El caso contará con ocho horas de argumentos durante seis días.  Los jueces y juezas del Supremo federal escucharán los argumentos orales el 4 de diciembre.

Tocan las puertas del Supremo federal por derechos de padres y de menores trans

El origen de la controversia

El caso proviene de Tennessee, donde en 2023 se promulgó una ley que prohíbe a los menores acceder a tratamientos hormonales y bloqueadores de la pubertad, comúnmente utilizados en la transición de personas transgénero.

A raíz de esta ley, tres adolescentes transgénero y sus familias presentaron una demanda argumentando que dicha prohibición viola los derechos constitucionales de igualdad de protección ante la ley, consagrados en la Decimocuarta Enmienda.

En un primer fallo, un juez federal se mostró a favor de los demandantes, al sostener que la ley de Tennessee discriminaba a los jóvenes transgénero al permitir tratamientos hormonales para menores que buscan ajustarse a su sexo asignado al nacer, pero negárselos a quienes optan por transicionar. Sin embargo, un tribunal de apelaciones federal revirtió esa decisión, dictaminando que la prohibición era legal.

La intervención

La administración Biden se unió al caso, argumentando que la ley viola los derechos fundamentales de los adolescentes transgénero y sus familias. El Tribunal Supremo federal ha accedido a intervenir y escuchar los argumentos del caso Estados Unidos contra Skrmetti, lo que marca un giro crucial en el debate sobre los derechos de la comunidad trans en Estados Unidos.

El caso plantea dos preguntas fundamentales: si la prohibición de los tratamientos de afirmación de género para menores transgénero viola la cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda, y si afecta el derecho de los padres a tomar decisiones médicas sobre sus hijos, también garantizado por esa enmienda.

Declaraciones de ACLU y activistas trans

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a las familias demandantes, ha declarado que esta batalla es una cuestión de vida o muerte. Según Chase Strangio, director asociado de justicia transgénero de la ACLU, los derechos y vidas de las personas transgénero han sido atacados sistemáticamente en todo el país. «Nuestro objetivo es proteger a más de 100,000 familias que podrían verse afectadas por leyes similares en otros estados», señaló.