El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió en una opinión 5 a 4 que la Ley 620 del estado de Louisiana era inconstitucional porque imponía una carga indebida que impedía el acceso al aborto.

La decisión en June Medical Services v. Russo surgió luego que la Ley 620 de Louisiana requirió que «cualquier médico que practique abortos deba tener privilegios de admisión activa en un hospital… situado no más allá de a treinta millas del lugar en el que se realiza el aborto, y define «privilegios de admisión activa» como un miembro en buena posición del personal médico del hospital… con la capacidad de admitir a un paciente y prestarle servicios de diagnóstico y quirúrgicos paciente».

Al menos cinco clínicas de abortos y cuatro proveedores de aborto impugnaron la Ley 620 antes de que entrara en vigor, alegando que era inconstitucional porque, entre otras cosas, imponía una carga indebida sobre el derecho de las pacientes a obtener un aborto.

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La opinión la escribió el juez Stephen Breyer. Se unieron las juezas Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y el juez presidente John Roberts.

El juez Breyer resaltó en la opinión que pondrán pausa a la Ley 620 de Louisiana porque es casi idéntica a la ley que el Supremo Federal evaluó en el 2016 en el caso de Whole Woman’s Health v. Hellerstedt. 

Breyer sostuvo que el obstáculo que implica la Ley 620 de Louisiana —al igual que en el caso de Whole Woman’s Health— impone una carga indebida sobre el acceso al aborto y, por lo tanto, es inconstitucional.

«In Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, 579 U. S. ___ (2016), we held that «[u]nnecessary health regulations that have the purpose or effect of presenting a substantial obstacle to a woman seeking an abortion impose an undue burden on the right’ " and are therefore "constitutionally invalid», comienza la opinión que firmó el juez Breyer.

Roberts, aunque estaba de acuerdo con el resultado, emitió una opinión concurrente explicando sus motivaciones para unirse a la opinión de los cuatro jueces liberales del Supremo Federal.

El juez presidente resaltó que se unió a la opinión de Breyer, Kagan, Sotomayor y Ginsburg porque, aunque considera que el caso de Whole Woman’s Health v. Hellerstedt estuvo mal resuelto, entiende importante mantener el precedente para evitar la arbitrariedad judicial.

«Adherence to precedent is necessary to "avoid an arbitrary discretion in the courts." The Federalist No. 78, p. 529 (J. Cooke ed. 1961) (A. Hamilton). The constraint of precedent distinguishes the judicial "method and philosophy from those of the political and legislative process." Jackson, Decisional Law and Stare Decisis, 30 A. B. A. J. 334 (1944).»

El juez Clarence Thomas, el juez Samuel Alito y el juez Brett Kavanaugh emitieron opiniones disidentes.

La opinión de Thomas sostiene que las clínicas y los proveedores de los servicios médicos no tienen jurisdicción para llevar una reclamación ante la corte.

El juez Thomas asumió la posición del estado de Louisiana al afirmar que las clínicas no pueden reclamar derechos en nombre de sus potenciales pacientes.

«Today a majority of the Court perpetuates its ill-founded abortion jurisprudence by enjoining a perfectly legitimate state law and doing so without jurisdiction. As is often the case with legal challenges to abortion regulations, this suit was brought by abortionists and abortion clinics. Their sole claim before this Court is that Louisiana’s law violates the purported substantive due process right of a woman to abort her unborn child», propone la disidente de Thomas.

La presidenta de Planned Parenthood Action Fund, Alexis McGill Johnson, explicó en declaraciones escritas que «pese a esta decisión, nuestra lucha está lejos de terminar».

«Si bien hoy es una victoria para los residentes de Louisiana, debemos recordar que estamos en un mundo donde los políticos han puesto la atención médica básica casi fuera del alcance de millones de estadounidenses, y donde el acceder al aborto aún está determinado según el lugar donde viven, cuánto dinero ganan», agregó.

Al momento existen otros 16 casos sobre el acceso al aborto que están a un paso del Tribunal Supremo Federal — y cualquiera de ellos puede abrir la puerta para restringir el derecho que surgió en la decisión de Roe v. Wade.

El año pasado también se presentaron más de 300 restricciones al aborto en casi todos los estados de Estados Unidos.

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