El Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó esta semana que la evidencia encontrada por oficiales de la policía durante una parada de tráfico ilegal puede ser utilizada en el tribunal, si los oficiales llevaron a cabo el registro luego de conocer que los acusados tenían ordenes de arresto en su contra.

El caso es Utah v. Strieff, y sus hechos surgieron en South Salt Lake, luego de que la policía recibiera una confidencia anónima sobre actividad relacionada con narcóticos. Un oficial de la policía detuvo a Edward Strieff luego de que este saliera de su casa. El estado luego aceptó que los motivos de la detención fueron insuficientes, provocando que esta fuera ilegal. No obstante, luego de la detención el oficial verificó el estatus legal de Strieff, encontrando que tenía una orden de arresto por una violación de tráfico menos grave. Luego de hacerle un registro, le encontró una bolsa que contenía metanfetaminas y parafernalia. En el caso, los jueces atendieron como controversia el si la evidencia de la droga incautada debía suprimirse, por la ilegalidad de la detención o si se podía utilizar como evidencia debido a la orden de arresto.

Según reportó The New York Times, el juez Clarence Thomas escribió la opinión mayoritaria, victoriosa en una votación 5 a 3, en la que estableció que tales registros no violan la Cuarta Enmienda cuando la orden es válida y no tiene relación con la conducta que provocó la detención.

A dicha opinión se le contrapuso un fuerte disenso de la juez Sonia Sotomayor, que recalcó que "no es secreto que la gente de color son victimas desproporcionadamente de este tipo de escrutinio".

"Este caso le dice a todos, blancos y negros, culpables e inocentes, que un oficial puede verificar su estatus legal en cualquier momento. Dice que tu cuerpo está sujeto a la invasión mientras los tribunales perdonan la violación de sus derechos. Ello implica que no eres un ciudadano de una democracia sino un sujeto de un estado carcelario, a la espera de ser catalogado", explicó.

Sotomayor manifestó además que según lo establecido por el tribunal, una citación por una multa de estacionamiento no pagado, perdonaba una violación a los derechos de la Cuarta Enmienda.

"No se dejen engañar por el lenguaje técnico de la opinión: Este caso permite que la policía te detenga en la calle, exija tu identificación y compruebe que no hay ordenes de tráfico pendientes – incluso si usted no está haciendo nada malo.’’

Thomas anotó que como mucho, la actuación del oficial fue negligente, pero que no había evidencia de que este llevó a cabo una flagrante conducta ilegal. A esa opinión se unieron los jueces John G. Roberts, Anthony Kennedy, Stephen G. Breyer y Samuel Alito Jr.