El Tribunal Supremo de Estados Unidos tomó una determinación (Janus v. American Federation of State, County, and Municipal Employees, Council 3) que podría poner en riesgo los cimientos financieros y la estabilidad de las uniones laborales.

El más alto foro de Estados Unidos determinó la inconstitucionalidad de una ley de Illinois que requería que los trabajadores no unionados pagaran cuotas a los sindicatos. El fallo fue 5-4, con el Hon. Samuel Alito escribiendo para la mayoría.

Según la opinión escrita por Alito, obligar a estos trabajadores a financiar las actividades de la unión violentaba su derecho a la libre asociación, contenidos en la Primera Enmienda, al obligar a estos trabajadores a subsidiar el discurso privado en asuntos de sustancial interés público.

«Es difícil estimar cuántos miles de millones de dólares se han quitado a los que no son miembros y se han transferido a los sindicatos del sector público en violación de la Primera Enmienda. Esas exacciones inconstitucionales no se pueden permitir que continúen indefinidamente», escribió Alito.

En el centro del debate estuvo una opinión del Tribunal Supremo de 1977 conocida como Abood vs. Detroit Board of Education que dice que aunque no se puede exigir a los trabajadores no miembros de los sindicatos del sector público que paguen cuotas por las actividades políticas de un sindicato, se les puede exigir que paguen unas llamadas «cuotas justas» relacionadas con cuestiones tales como quejas de los empleados, seguridad física y capacitación.

El caso fue presentado por Mark Janus, un empleado del sector público de Illinois, que impugnó las cuotas. Dijo que debido a que es un empleado del gobierno, los asuntos relacionados con la negociación colectiva son intrínsecamente políticos. Argumentó que la Primera Enmienda lo protegía de tener que apoyar tal expresión política. Janus fue representado por varios, entre ellos la Fundación Nacional de Defensa Legal del Derecho al Trabajo y el Liberty Justice Center.

La Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales -que representa a los empleados del sector público- describió el desafío como una amenaza para los trabajadores estadounidenses. Los sindicatos del sector público argumentaron que la ley exige que representen a todos los empleados, independientemente de si son miembros o no, y sin que se se le exija a nadie que se una al sindicato.

Los sindicatos también argumentaron que si los que no son miembros no tienen ninguna obligación de pagar tarifas justas por las obligaciones de negociación colectiva, se aprovecharían, beneficiándose de la representación sin compartir los costos. Las arcas de los sindicatos del sector público también sufrirían si los no miembros pudieran obtener servicios gratis. Aunque Alito reconoció el argumento descartó el impacto en los fondos sindicales.

«Reconocemos que la pérdida de pagos de los no miembros puede hacer que los sindicatos experimenten costos de transición desagradables a corto plazo y puede requerir que los sindicatos realicen ajustes para atraer y retener a los miembros. Pero debemos sopesar estas desventajas contra la considerable ganancia inesperada que los sindicatos han recibido bajo Abood durante los últimos 41 años», agregó.

La Hon. Elena Kagan argumentó que la decisión de la mayoría fue poco razonada.

«La mayoría ha revocado a Abood sin ninguna razón excepcional o especial, sino porque nunca le gustó la decisión. Ha revocado a Abood porque quería. Rara vez -si es que alguna vez- la Corte revocó una decisión, y mucho menos de esta importancia, con tan poco respeto por los principios usuales de stare decisis», escribió.

También destacó el impacto práctico de la decisión.

«Los gobiernos estatales y locales que pensaban que los honorarios de las agencias fomentaban sus intereses, necesitarán encontrar nuevas formas de administrar sus fuerzas laborales. En todo el país, las relaciones de los empleados públicos y los empleadores se alterarán tanto de forma inesperada como previsible», finalizó la jueza Kagan.

Por su parte, el demandante reaccionó a la histórica decisión, explicando que ahora los 5 millones de empleados del sector público que no son miembros de sindicatos podrán tomar sus propias decisiones, de si quieren o no ser parte de una unión. De igual forma, el Departamento de Justicia federal explicó, a través de su portavoz Kerri Kupec, que estaba contento con la decisión del Tribunal, añadiendo que los empleados públicos «no deberían ser forzados a pagar la cuota de una unión en contra de su voluntad y de apoyar un mensaje político con el cual podría estar en desacuerdo».