Descarga el documento: Republic of Sudan v. Harrison

Una demanda presentada por las víctimas del bombardeo del buque naval USS Cole recibió un revés del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que determinó que el emplazamiento fue defectuoso, por lo que deben emplazar nuevamente.

Las víctimas están tratando de responsabilizar al gobierno de Sudán de brindar apoyo a los bombarderos de Al Qaeda que mataron a 17 marineros e hirieron a otros 42 en el 2000, pero los jueces determinaron que los demandantes no dieron la notificación adecuada al gobierno sudanés de su demanda porque envió el emplazamiento a la embajada de Sudán en Washington, DC, en lugar de enviarla al gobierno de Sudán en ese país. El fallo significa que los demandantes ahora tendrán que volver a intentar emplazar al gobierno sudanés.

Bajo la Ley Federal de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA, por sus siglas en inglés), generalmente los gobiernos extranjeros no pueden ser demandados en tribunales de Estados Unidos. No obstante, la ley contiene una serie de excepciones, incluyendo una para los países como Sudán, que han sido designados como promotores del terrorismo. Cuando una excepción como esta aplica, la ley dispone cómo emplazar a gobiernos extranjeros.

En la disposición en cuestión en este caso, el FSIA ordena a los demandantes que el secretario del tribunal donde se presenta la queja envíe tanto la citación como la queja (junto con una traducción) al «jefe del ministerio de asuntos exteriores del estado extranjero en cuestión».

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La disputa se centró en si las víctimas cumplieron con el FSIA cuando enviaron su citación y demanda a la embajada de Sudán en Washington D.C. Sudán no respondió la demanda al principio, y un tribunal federal emitió un fallo por incumplimiento de más de $300 millones en su contra. Más tarde, cuando un tribunal federal de Nueva York ordenó a los bancos que entregaran los activos sudaneses retenidos en Estados Unidos para pagar la sentencia, el gobierno sudanés argumentó que la citación y la demanda se habían enviado al lugar equivocado y que las víctimas deberían haber enviado los documentos al ministerio de asuntos exteriores en Jartum, capital de Sudán.

Un tribunal federal de apelaciones rechazó ese argumento, y el Tribunal Supremo accedió a intervenir. Posteriormente, en sentencia emitida el 26 de marzo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó —en una votación 8 a 1— revertir la sentencia.

En la opinión, escrita por el juez Samuel Alito Jr., se razonó que la lectura más natural de la ley requiere que el emplezamiento y la demanda deben ir directamente a la oficina del ministerio de asuntos exteriores en el país extranjero. El Tribunal enfatizó que la ley requiere que el emplazamiento y la demanda tengan la dirección y sean despachadas al ministerio de asuntos exteriores.

«Una carta o paquete está ‘dirigido’ a alguien», explicó el Tribunal, «cuando su nombre y dirección se colocan en el exterior del elemento que se va a enviar». «Y normalmente pensamos en una dirección como el lugar donde vive o trabaja alguien. Debido a que la embajada de un estado extranjero en los Estados Unidos no es ‘la residencia ni el lugar habitual de negocios del ministro de relaciones exteriores de esa nación’, normalmente no los consideraríamos como la dirección del ministerio de relaciones exteriores».

Lo mismo es cierto, agregó el Tribunal, para el término «despachado». «Una persona que desea enviar una carta a X generalmente la enviará directamente a X en un lugar donde X se encuentra habitualmente», en lugar de enviarla «De forma indirecta, como por ejemplo dirigiéndolo a un tercero que, se espera que luego lo enviará al destinatario», como lo hicieron los demandantes en este caso, señala la demanda.

De esta forma, el Tribunal razonó que a base de la ley aplicable, el emplazamiento debió haber sido enviada al ministerio de asuntos exteriores de Sudán en Jartum, en lugar de a la embajada sudanesa en Washington D.C. Esta interpretación «también tiene la virtud de evitar posibles tensiones» con las reglas federales que rigen los juicios civiles y el Pacto de Viena de Relaciones Diplomáticas, explicó el Tribunal.