Supremo federal opta por no intervenir en caso sobre Reforma Laboral

25 de marzo de 2024

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Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió no expedir «certiorari» para intervenir en los pleitos judiciales entablados por la administración del gobernador Pedro Pierluisi y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafel Hernández Montañez, en contra de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB, en inglés) por la Reforma Laboral.

Supremo federal considerará la Reforma Laboral de Puerto Rico

La Junta de Supervisión inició el procedimiento el 1 de septiembre de 2022, alegando que el gobierno electo de Puerto Rico no podía implantar legalmente la Ley Núm. 41-2022 porque fue promulgada en violación de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés) y que las políticas de Reforma Laboral plasmadas en la Ley Núm. 41-2022 eran inconsistentes con el plan fiscal certificado.

Con la acción de no expedir el «certiorari» del alto foro federal, el estado de derecho final es que queda invalidada por una decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, la Ley Núm. 41-2022 que pretendía restablecer derechos del sector privado afectados por la reforma laboral de Ricardo Rosselló

Los recursos fueron distribuidos para la conferencia del pasado viernes y hoy se divulgó la decisión que tomaron respecto a todos los casos ante el Supremo federal.

Los recursos presentados por el presidente cameral y el gobernador Pierluisi, aparecen en la categoría de «certioraris» denegados sin mayor explicación, como suele ocurrir con la inmensa mayoría de los pedidos de «certiorari» que llegan al Supremo federal

Los representantes electos del gobierno local alegan que la ley se refiere al sector privado y no necesariamente a los ingresos y gastos del gobierno. En este caso, se argumenta que se trata de «efectos secundarios especulativos» en el mercado laboral privado.

La jueza Laura Taylor Swain declaró nula la Ley Núm. 41-2022, mejor conocida como la nueva «Reforma Laboral», luego que la Junta de Supervisión cuestionó la legitimidad de la medida ante el Tribunal de Título III, decisión que fue descrita como histórica porque es la primera vez que se decide sobre un caso que afectaría a la industria privada.