El Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió ayer, en una decisión de 5 votos contra 4, que el intento del presidente Donald Trump de redefinir la interpretación histórica de la Cláusula de Ciudadanía para excluir a los hijos de padres que son inmigrantes temporales o en situación irregular viola la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda. El juez Kavanaugh coincidió en que la orden ejecutiva del presidente debe ser anulada por ser incompatible con la legislación federal.

En nombre del Tribunal, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, explicó: «La ciudadanía, [cuando se ratificó la Cláusula de Ciudadanía] y en la actualidad, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a toda persona nacida libre en este país. Hoy mantenemos esa promesa». Al llegar a esta conclusión, el presidente del Tribunal Supremo explicó que, como consecuencia de la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, «un niño nacido en suelo estadounidense y sujeto a las leyes de los Estados Unidos se convertía en ciudadano estadounidense».

La decisión tiene consecuencias importantes para las personas nacidas en los territorios de los EE. UU., respecto de quienes el gobierno federal continúa argumentando que no son ciudadanos estadounidenses conforme a la Decimocuarta Enmienda.

Funcionarios electos, exfuncionarios y jueces retirados de los territorios argumentan que el gobierno federal no tiene poder para negar la ciudadanía por nacimiento en los territorios

A principios de este año, Right to Democracy, organización que promueve la democracia, la equidad y la libre determinación en los territorios de los EE. UU., presentó un escrito de amicus curiae en representación de 21 funcionarios electos, exfuncionarios y jueces retirados de Guam, las Islas Marianas del Norte, las Islas Vírgenes de los EE. UU., Puerto Rico y Samoa Americana, quienes instaron al Tribunal a no repetir los mismos errores que ha cometido en los territorios.

«Aunque la decisión de hoy no aborda directamente el asunto de la ciudadanía por nacimiento en los territorios, la opinión del Tribunal establece claramente que toda persona nacida en suelo estadounidense y sujeta a las leyes de los Estados Unidos tiene un derecho constitucional a la ciudadanía. El Tribunal resolvió de manera definitiva que las ramas políticas del gobierno federal no tienen el poder para redefinir la Cláusula de Ciudadanía. Esto es significativo para las personas nacidas en los territorios de los EE. UU., porque el gobierno federal sigue argumentando —contrario al texto y la historia de la Cláusula de Ciudadanía— que puede conceder y quitar la ciudadanía en los territorios», dijo Neil Weare, codirector de Right to Democracy, quien fungió como abogado de récord en el escrito de amicus curiae. «Cabe destacar que la jueza Jackson, en una opinión concurrente a la que se unió la jueza Sotomayor, también señaló los Casos Insulares como un ejemplo de cómo el Tribunal Supremo ha «negado a estadounidenses» la «promesa» de «garantizar la igualdad de ciudadanía»».

«La amplia decisión que hoy ha emitido el Tribunal es un reconocimiento de que, salvo excepciones muy limitadas, el gobierno de EE. UU. tiene que reconocer los derechos fundamentales de ciudadanía a todas las personas nacidas bajo su dominio. El lenguaje del Tribunal es claro: ni el presidente ni el Congreso tienen el poder de negar unilateralmente la ciudadanía estadounidense a alguien nacido bajo la soberanía y jurisdicción de los Estados Unidos», dijo la Dra. Adi Martínez-Román, codirectora de Right to Democracy. «Independientemente de las opiniones de cada cual sobre el estatus político, esta decisión recalca los importantes límites constitucionales que se le imponen al poder federal cuando se trata del derecho fundamental a la ciudadanía. Entender qué derechos básicos se les reconocen a las personas es clave para la conversación sobre la libre determinación».

Varios de los funcionarios electos y jueces actuales y anteriores que se unieron al escrito se expresaron sobre la decisión:

La congresista Stacey Plaskett, quien representa a las Islas Vírgenes de los EE. UU. en el Congreso: «El presidente y el Congreso tienen poderes amplios. Pero, como determinó el Tribunal Supremo hoy, entre esos poderes no está la capacidad de encender o apagar la garantía constitucional de ciudadanía por nacimiento cuando les convenga. Esta es una decisión importante para las Islas Vírgenes, porque el gobierno federal sigue alegando que nuestra ciudadanía es un privilegio legislativo y no un derecho constitucional. Eso no solo es contrario a la Constitución, sino también al Tratado de Transferencia de 1917, que expresamente reconoció que las personas de las Islas Vírgenes de los EE. UU. serían reconocidas como ciudadanos estadounidenses».

Ana Irma Rivera Lassén, quien ocupó un escaño en el Senado de Puerto Rico desde 2021 hasta 2025: «Esta decisión confirma que las ramas ejecutiva y legislativa no tienen el poder para definir unilateralmente quién es y quién no es ciudadano. Del mismo modo que el Tribunal ha declarado inconstitucional la orden ejecutiva en este caso, le corresponde reconocer que la ciudadanía por nacimiento en los territorios no está sujeta al control unilateral del Congreso o del presidente. Lo mismo ocurre con la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos, la cual tiene sus raíces en los mismos prejuicios racistas y coloniales que la orden ejecutiva impugnada. Es momento de acabar con el control unilateral del gobierno federal sobre los territorios y dar paso a un proceso de libre determinación y descolonización».

Eduardo Bhatia, presidente del Senado de Puerto Rico entre 2013 y 2017: «Aplaudo la contundente reafirmación del Tribunal Supremo de que la ciudadanía por nacimiento es una garantía constitucional que ningún presidente puede eliminar mediante orden ejecutiva. El principio amplio del Tribunal —que un niño nacido en suelo estadounidense y sujeto a las leyes de Estados Unidos es ciudadano— no puede, lógicamente, limitarse a los estados. En mi opinión, ese principio protege igualmente a quienes nacen en los territorios de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico».

Zoe Laboy, senadora de Puerto Rico entre 2017 y 2019: «Como puertorriqueños, conocíamos de primera mano lo que estaba en juego cuando el presidente intentó excluir a los hijos de los inmigrantes de las protecciones que ofrece la ciudadanía, y el Tribunal ha actuado correctamente al rechazar hoy esa pretensión. Pero el Tribunal no debe detenerse ahí: la ciudadanía por nacimiento también debe reconocerse a las personas nacidas en los territorios de EE. UU., a quienes históricamente se les ha negado el trato igualitario».

Mary Camacho Torres, quien sirvió en la Legislatura de Guam de 2015 a 2023: «La decisión de hoy debe servir de hoja de ruta para reconocer que las personas nacidas en los territorios de los EE. UU. tienen un derecho constitucional a la ciudadanía estadounidense que ni el Congreso ni el presidente pueden quitarles. Ningún funcionario electo ni cuerpo legislativo debe tener veto sobre si alguien nacido en Guam o en cualquier otro territorio estadounidense es ciudadano. Cualquiera que sea la decisión del pueblo de Guam sobre nuestro futuro estatus político, mientras estemos bajo la bandera estadounidense debemos tener derecho a la ciudadanía e igualdad de derechos».

Andra Samoa, quien sirvió en el Fono de Samoa Americana de 2019 a 2022: «Los funcionarios federales no pueden simplemente redefinir si alguien tiene derecho a la ciudadanía; ese fue el mensaje claro de la decisión de hoy. Con tantos de nuestros hermanos y hermanas samoanos estadounidenses enfrentando cargos criminales en Alaska porque el gobierno federal les niega el reconocimiento como ciudadanos estadounidenses, este fallo del Tribunal Supremo es importante para nuestra comunidad».

Soraya Diase-Coffelt, jueza del Tribunal Superior de las Islas Vírgenes de 1994 a 2000: «Es el rol de un juez decir cuál es la ley, y eso fue exactamente lo que hizo el Tribunal Supremo hoy. Los jueces han dejado claro que ningún funcionario del gobierno tiene el poder de negarle la ciudadanía a alguien a quien la Constitución le reconoce ese derecho. Esto debe aplicar no solo para la orden ejecutiva de Trump, sino para las personas nacidas en los territorios de los Estados Unidos».

Samoanos estadounidenses en Alaska se enfrentan a posibles penas de cárcel porque el gobierno federal niega que sean ciudadanos de EE. UU.

Más allá de poner en duda si el Congreso podría cambiar unilateralmente el estatus de ciudadanía de las personas nacidas en los territorios, el argumento del gobierno federal de que la ciudadanía es un privilegio legislativo —y no un derecho constitucional— ha llevado a que a las personas nacidas en Samoa Americana se les siga negando este derecho. Como consecuencia, los samoanos estadounidenses de Alaska se enfrentan a penas de entre 5 y 10 años de cárcel.

Right to Democracy representa a Michael Pese y su esposa, Tupe Smith, quienes, junto con varios familiares, enfrentan cargos por perjurio y otros delitos electorales, que conllevan penas de entre 5 y 10 años de cárcel, porque el gobierno federal les niega el reconocimiento como ciudadanos estadounidenses a pesar de haber nacido en suelo estadounidense en Samoa Americana. A diferencia de todos los demás territorios de los EE. UU., donde conforme a la ley las personas son reconocidas como ciudadanos estadounidenses al nacer, Samoa Americana es el único territorio cuyos residentes son denominados «nacionales, pero no ciudadanos» de los Estados Unidos, una distinción que se remonta a las mismas preguntas constitucionales sin resolver planteadas en el escrito de amicus curiae presentado por los funcionarios territoriales en Trump v. Barbara. Al día siguiente de la vista oral en Trump v. Barbara, Pese presentó una moción de desestimación argumentando que ya es ciudadano estadounidense bajo la Cláusula Constitucional sobre la Ciudadanía.

«Aunque no nos sorprendió que el Tribunal no abordara la cuestión de la ciudadanía por nacimiento en los territorios, su continua negativa a resolver esta pregunta deja vulnerables a las personas nacidas en los territorios. Esto es especialmente cierto en Alaska, donde fiscales estatales están procesando criminalmente a samoanos estadounidenses porque el gobierno federal alega que son «nacionales estadounidenses», pero no «ciudadanos estadounidenses», a pesar de haber nacido en suelo estadounidense. La ciudadanía determina ante quién es responsable, en última instancia, el Gobierno de los Estados Unidos. La decisión de hoy fortalece el argumento de nuestros clientes, quienes enfrentan entre 5 y 10 años de cárcel, en cuanto a que todos los cargos deben ser desestimados porque, en efecto, son ciudadanos estadounidenses bajo la Decimocuarta Enmienda. El gobierno federal no tiene poder para imponer el estatus de «nacional no ciudadano» a las personas nacidas en Samoa Americana ni en ningún territorio», dijo Charles Ala’ilima, abogado de Samoa Americana, integrante de la Junta de Directores de Right to Democracy y quien también forma parte de la representación legal en Alaska v. Pese y Alaska v. Smith.