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Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos (SCOTUS, por sus siglas en inglés) evaluará hoy, viernes, un nuevo caso sobre Puerto Rico, la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), y otros v. Junta de Supervisión Fiscal (JSF), et al. en el que surgen dos temas que han tenido auge en la opinión pública: los recortes en las pensiones de maestros y Casos Insulares.

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Una de las abogadas del caso, Jessica Méndez Colberg, conversó con Microjuris sobre las posibilidades de que el alto foro federal acoja la controversia.

«Hablar sobre posibilidades con el SCOTUS es difícil, pues ellos aceptan solo el 1% de los casos que le llegan. Pero, entendemos que este caso representa una cuestión novel e importante que deben atender. Esto, pues tenemos a una Junta de Control Fiscal que se ha excedido en sus poderes porque, a pesar de no poder legislar, utilizaron la doctrina del desplazamiento de las leyes (preemption) para eliminar leyes del sistema de retiro, enmendar algunas también, y todo mediante el plan de ajuste de la deuda. Por tanto, no solo han aplicado la doctrina de preemption de forma acomodaticia, como para que el fin justifique los medios, sino que el resultado de esto es permitirle legislar a través del plan de ajuste, teniendo entonces un poder irrestricto pese a los poderes enumerados que tienen bajo PROMESA», dijo la letrada.

Hoy viernes, el Supremo federal estaría considerando, como es típico en esta etapa del proceso en una reunión de jueces a puerta cerrada, si conceden el certiorari en el caso FADEP v. JSP, por lo que sopesaran si la controversia tiene méritos necesarios para ellos entrar en la controversia.

El lunes, si se sigue el trámite usual luego de estas reuniones a puerta cerrada, se conocerá si el Supremo concede el certiorari.

Méndez Colberg, como parte del bufete Emanuelli, fue una de las abogadas participaron del caso Aurelius, en el que el Supremo federal emitió una opinión relacionada con la JSF, esto también a través del recurso de certiorari.

La licenciada dice que los Casos Insulares están vinculadas a esta controversia de los maestros porque crean el marco legal para que las autoridades federales establezcan reglas diferentes en Puerto Rico a otras jurisdicciones.

«Lo antes explicado es posible precisamente por la doctrina de los Casos Insulares que permite tratar a los territorios de forma distinta. Pues por los Casos Insulares que se puede imponer una Junta de Control Fiscal en la medida en que PROMESA se aprueba a tenor con la Cláusula Territorial de la constitución de EU y que fue interpretada por los racistas Casos Insulares para establecer ese trato distinto discriminatorio. Pues aquí han aplicado una doctrina de preemption única para Puerto Rico y esta decisión no hubiese sido posible si no fuera bajo el palio de la doctrina de los Casos Insulares», agregó la jurista.

En el caso, diversos grupos magisteriales bajo la sombrilla llamada Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública buscan revocar una decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, que confirmó el Plan de Ajuste de la Deuda negociado por la JSF y los acreedores del gobierno, y que incluye el recorte a las pensiones de los maestros.

«Para nosotros es un asunto de importancia cardinal, nosotros estamos en el máximo foro en Estados Unidos para reclamar el retiro digno de los maestros, pero también en dicho pleito se cuestionan las arbitrariedades de una Junta de Control Fiscal que ha excedido sus límites, incluso por encima de la ley PROMESA, para imponer de la forma más dictatorial medidas más draconianas en contra de los maestros y maestras de Puerto Rico. Uno de los argumentos centrales de la defensa para acudir al máximo foro es que la junta se excedió en sus límites establecidos en la propia ley PROMESA. A pesar de que es una ley que es colonial, hay una parte que dice para establecer leyes habilitadoras, debe haber un proceso de legislación que aquí no se siguió», dijo Edwin morales, vicepresidente de la FMPR en entrevista con Microjuris.

Como la JSF en medio del trámite apelativo reconoció que el Plan de Ajuste puede subsistir sin el recorte de las pensiones a los maestros, el reclamo magisterial al Supremo no afecta todos los pormenores del acuerdo avalado por la jueza Laura Taylor Swain, según dio a entender en declaraciones escritas la presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez.

«No estamos pidiendo al Tribunal Supremo que deshaga el Plan de Ajuste. Nosotros solo le estamos pidiendo por nuestro sistema de retiro», dijo Martínez.

Además de la FMPR, en FADEP participan el Grupo Magisterial Educadores(as) por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical, Inc. (EDUCAMOS), y Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, Inc. (UNETE).

«Esencialmente, nosotros queremos que el Tribunal Supremo diga que la JSF se excedió en sus poderes», sostuvo, por su parte, Liza M. Fournier Córdova, presidente de ÚNETE.

Otro abogado del caso, Rolando Emmanuelli, también en declaraciones escritas, dijo que el caso de los maestros es importante no solo por el impacto en las pensiones de los maestros, sino porque podría afectar pensiones de otros grupos, como los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y porque representa una peligrosa extensión de poderes de la JSF.

«Esta decisión (la del apelativo que está impugnada ahora ante el Supremo) permite a la junta legislar y privar al gobierno de Puerto Rico de uno de sus pocos poderes», sostuvo Emmanuelli.

En segunda instancia, el caso le pide al Supremo federal, en sus cuestionamientos directos, que se revoque la doctrina de los casos insulares, la serie de decisiones de principios del siglo pasado que permiten un trato diferente a territorios como Puerto Rico, y que lo hacen con premisas y expresiones racistas.

Este caso sería la tercera vez en 12 meses que el Supremo federal encara la controversia de los casos insulares. En la opinión Vaello Madero el Supremo resolvió en contra de extender a los residentes de Puerto Rico el programa de Seguro Social Complementario (SSI, por sus siglas en inglés), pero con los jueces Neil Gorsuch y Sonia Sotomayor escribiendo opiniones contrarias a los casos insulares. También recibieron el certiorari Fitisemanu v. US, pero declinaron atender la controversia.

Si el Supremo no extiende el certiorari, prevalece la opinión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, que fue adversa a los maestros. Usualmente, el Supremo rechaza el 99% de las peticiones de certiorari que llegan ante su consideración.

Entonces, si el Supremo federal concede este certiorari, sería el segundo caso en este término sobre Puerto Rico. El otro está también relacionado con la Junta de Supervisión Fiscal, y el demandante es el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), quien reclama acceso a documentos públicos.