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Por Daniel Rivera Vargas

Los derechos de las personas transgénero sufrieron un revés judicial cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos validó una ley del Estado de Tennessee que les restringe el acceso a tratamientos médicos de afirmación de género a menores de edad, aun con el consentimiento de los padres.

En el caso EE.UU. contra Skrmetti, el Tribunal Supremo federal evaluaba el estatuto SB1 de Tennessee, una ley que prohíbe a los menores de edad acceder a tratamientos médicos de afirmación de género. La decisión del alto foro fue 6 a 3, divididos por bandos ideológicos, con los jueces nombrados por presidentes republicanos votando de forma mayoritaria a favor de la ley contraria a las personas transgénero y los jueces nombrados por demócratas votando en contra. Hubo en su totalidad seis expresiones, incluyendo dos disidentes, mientras que la opinión mayoritaria es del juez John Roberts, quien inicia sus comentarios reflexionando sobre las realidades de esta comunidad.

Caso: United States v. Skrmetti

«Se calcula que 1.6 millones de estadounidenses mayores de 13 años se identifican como transexuales, lo que significa que su identidad de género no coincide con su sexo biológico. Algunas personas transgénero padecen disforia de género, un trastorno médico caracterizado por una angustia persistente y clínicamente significativa derivada de una incongruencia entre la identidad de género y el sexo biológico. Si no se trata, la disforia de género puede provocar graves daños físicos y psicológicos», expresó Roberts.

Pero, en medio del balance entre esa ley y la decimocuarta enmienda, la opinión mayoritaria concluye en contra de proteger reclamos de sectores de esa comunidad.

«Este caso conlleva el peso de feroces debates científicos y políticos sobre la seguridad, eficacia y conveniencia de los tratamientos médicos en un campo en evolución.  Las voces en estos debates plantean preocupaciones sinceras; las implicaciones para todos son profundas. La Cláusula de Igual Protección no resuelve estos desacuerdos», concluye Roberts.

Una de las dos disidentes es escrita por la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor, quien entiende que el tribunal declinó en este caso hacer una revisión judicial significativa en una instancia donde «más importa».

 «El Tribunal abandona a los niños transgénero y a sus familias a caprichos políticos.  Con tristeza, disiento», concluye la jueza.

El resultado era anticipable para figuras como el licenciado Carlos Chévere Lugo, profesor de St. Mary’s School of Law en San Antonio, Texas, por lo que transcurrió desde la vista oral del caso, cuando los jueces mostraron cómo se inclinaban sobre el tema.

Chévere Lugo explicó que finalmente la controversia fue atendida por el alto foro mediante un análisis de los niveles de escrutinio constitucional. Dijo que en el tema de la igual protección de las leyes, se aplica un escrutinio basado en lo que apruebe la legislatura en cada ley, y hay temas como el de sexo que lleva al escrutinio estricto, el más severo hacia las leyes. Pero la mayoría del Supremo entendió que la base de esta ley no era el sexo, sino la edad, y esta no es considerada una «clasificación sospecha», y por tanto el nivel de escrutinio es más deferente a la Legislatura.

Eso llevó, dijo el profesor, a la justificación para que se validara la ley impugnada de Tennessee.

«La edad no es una clasificación considerada sospechosa, por lo que se le debe dar deferencia a la legislatura y no podemos tampoco cuestionar los procesos científicos que llevaron a la  legislatura a la aprobación de esta ley», resolvió

En el caso de la disidencia de Sotomayor, esta jueza menciona que cuando se habla del discrimen por identidad de género, como en este caso, en realidad se habla de un discrimen por sexo, y por l tanto sería una clasificación sospechosa que activa el escrutinio estricto de los tribunales. En el caso de la ley de Tennessee, esto se ve cuando sí se le permite a los menores de edad recibir estos tratamientos por razones médicas como tratar la pubertad precoz, pero no para la disforia por género.

«Como solo se le prohíbe a los menores trans, eso es un discrimen», dijo Chévere Lugo al sintetizar la opinión de Sotomayor.

Lo otro que dice la jueza Sotomayor es que esta ley afecta los derechos de los padres. Un padre en un ejercicio que se entiende es derivado del derecho a la intimidad puede tomar decisiones en beneficio de su prole, incluso respaldado por una opinión médica porque estos tratamientos requieren la intervención de profesionales de la salud. Pero en este caso, la ley de Tennessee lo prohíbe. «Esta ley afecta los derechos de los padres de criar a sus hijos», agregó el profesor.

De otra parte, hay varias opiniones concurrentes, siendo una de ellas de la jueza Amy Coney Barrett, quien expresa que el discrimen contra la comunidad trans no es incluido como una clasificación sospechosa. Mientras, el más veterano de los jueces Clarence Thomas dijo que en una interpretación original de la Constitución, esta no protege contra el discrimen por identidad de género.

Ya resuelta esta controversia, a la que se habían unido numerosos estados con leyes similares, Chévere Lugo dijo que lo próximo es que lleguen hasta el alto foro otras leyes relacionadas al tema, como por ejemplo estatutos que prohíben a un padre residente de un estado viajar a otra jurisdicción donde sí se permiten estos tratamientos para buscar esos procesos en esa otra jurisdicción, restringiendo la libertad de movimiento de los ciudadanos.

«Estas controversias están maduras, esto es el efecto dominó», añadió.

Al igual que ahora con el aborto, este tipo de temas será manejado dependiendo de como cada legislatura decida individualmente atenderlo, concluyó.