El pasado martes el Tribunal Supremo de Estados Unidos invalidó el sistema de pena de muerte en el estado de Florida en una votación 8-1. Lo que sorprendió a muchos es que la opinión, escrita por la juez Sonia Sotomayor, se basara en la prohibición constitucional de castigos crueles e inusitados, está revolvió alrededor de una crítica constitucional al rol que los jurados deben asumir en los juicios penales.

Antes de la decisión, en Florida un jurado tenía la capacidad de recomendar una sentencia al juez sobre si aplicar o no la pena de muerte. Los jueces no necesariamente estaban obligados a acoger dicha recomendación. Sin embargo, si un jurado no se decidiera, el juez podría imponer la sentencia de muerte. Para hacerlo solo se hubiera requerido encontrar circunstancias agravantes que hicieran que el acusado fuera elegible para la pena de muerte. Según el Tribunal Supremo en su decisión, este sistema es inconstitucional pues le da a los jueces poderes que le deben corresponder a los jurados.

Breyer, explicó que la Octava Enmienda requiere que un jurado, no un juez, imponga la pena de muerte, puesto que el jurado refleja la sensibilidad moral de la comunidad.

El caso en cuestión comenzó con un recurso que presentara Timothy Lee Hurst, condenado en 1998 por matar a una compañera de trabajo de una cadena de restaurantes. Florida no exige que los veredictos de pena de muerte sean unánimes, y en el caso de Hurst, los miembros del jurado se dividieron: siete recomendaron la pena capital y cinco se pronunciaron en contra. Con esta recomendación, el juez dictó la orden de ejecución.

En su decisión, el Supremo subrayó que deben ser los jurados, y no los jueces, los que deben evaluar cada hecho para tomar la decisión de imponer la pena de muerte. Añade también que una recomendación del jurado, como ocurrió en el caso de Hurst, es insuficiente para que los jueces puedan dictar una medida de tal relevancia. Los magistrados del Supremo subrayan que la forma en la que Florida ha venido aplicando la pena de muerte viola la sexta enmienda a la Constitución, que versa sobre las garantías de los derechos de los acusados por hechos criminales.

Los jueces del Supremo devolvieron el caso al Tribunal Supremo de Florida para que determinen si se debe repetir una audiencia para dictar sentencia contra Hurst.

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