Aunque una mayoría del Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) se negó a revisar la nueva Ley de Abortos de Texas (que prohíbe los abortos después de las seis semanas), basó su determinación en que para prevalecer en una solicitud de suspensión o de medidas cautelares, como fue el caso, la persona u organización que solicita el remedio debió hacer una «fuerte demostración» de que es «probable que tenga éxito en el fondo», que será «irremediablemente perjudicado en ausencia de una suspensión», que el balance de las equidades lo favorece y que una suspensión es consistente con el interés público.

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El juez presidente John Roberts, que no estuvo de acuerdo con la determinación de la mayoría, aclaró que no se puede interpretar que la corte está declarando la constitucionalidad de la ley.

«Aunque el Tribunal no aborda la constitucionalidad de esta ley, por supuesto puede hacerlo oportunamente cuando esa cuestión se presente adecuadamente. En ese momento, la cuestión podría decidirse después de un informe completo y de los argumentos orales, con la consideración de si las medidas provisionales son apropiadas en caso de que se permita la aplicación de la ley», puntualizó el juez presidente.

A Roberts se le unió el juez Stephen Breyer y las juezas Elena Kagan y Sonia Sotomayor en su posicionamiento en contra de la determinación de la mayoría, que fue 5-4.

«El esquema legal que se presenta ante el Tribunal no sólo es inusual, sino que no tiene precedentes», explicó el juez presidente Roberts.

«La consecuencia deseada parece ser aislar al Estado de la responsabilidad de aplicar y hacer cumplir el régimen normativo… Yo concedería una medida preliminar para preservar el status quo anterior -antes de que la ley entrara en vigor- para que los tribunales puedan considerar si un Estado puede evitar la responsabilidad de sus leyes de esa manera», añadió Roberts.

El juez Roberts se refiere a que la nueva ley de Texas —que prohíbe todos los abortos, incluidos los casos de violación e incesto, después de las seis semanas—permite demandar a cualquier persona sospechosa de ayudar a una persona gestante a abortar, y concede al menos $10 mil a quienes lo consigan.

La jueza Sotomayor, de ascendencia puertorriqueña, planteó de entrada que la ley de Texas es inconstitucional porque «está diseñada para prohibir a las mujeres el ejercicio de sus derechos constitucionales y eludir el escrutinio judicial».

Sotomayor comparó la negativa de revisión de Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, con «esconder la cabeza en la arena«.

«En efecto, la Legislatura de Texas ha delegado a los ciudadanos como cazadores de recompensas, ofreciéndoles premios en metálico por perseguir civilmente los procedimientos médicos de sus vecinos», sostuvo Sotomayor en referencia a la recompensa por $10 mil por demandas.

«No puede ser que un Estado pueda eludir el escrutinio judicial federal externalizando la aplicación de leyes inconstitucionales a su ciudadanía», añadió la jueza Sotomayor.

El presidente Joe Biden expresó anoche que «la ley de Texas perjudicará significativamente el acceso de las mujeres a la atención de salud que necesitan, especialmente para las comunidades negras y las personas con bajos ingresos. Y, de forma escandalosa, faculta a los ciudadanos privados a interponer demandas contra cualquiera que crean que ha ayudado a otra persona a abortar, lo que podría incluir a familiares, trabajadores sanitarios, personal de recepción de una clínica sanitaria o extraños sin relación alguna con la persona».

«Mi administración está profundamente comprometida con el derecho constitucional establecido en el caso Roe v. Wade hace casi cinco décadas y protegerá y defenderá ese derecho», planteó Biden.