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Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal Supremo de Puerto Rico concedió 30 días a la empresa LUMA, a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas para presentar argumentos por escrito directamente a ese foro, esto en el pleito judicial del gobierno para tratar de sacar al operador privado de su actual contrato para controlar la distribución de electricidad del país.

Según se dio a conocer anoche, el alto foro expidió los recursos de certificación intrajurisdiccional presentados por la empresa y por los representantes del gobierno, y los consolidó en un solo caso. Con esta acción, la controversia ya no será atendida por el Tribunal de Primera Instancia, como ocurre de ordinario en la mayoría de los casos, sino directamente por la corte de mayor jerarquía del país.

De igual forma, el Tribunal Supremo dispuso que los alegatos del gobierno, como peticionario, deben «abundar con precisión sobre los remedios o el proceso de transición que tendría lugar en caso de prevalecer».

En un documento de 76 páginas, los jueces emitieron varias opiniones de conformidad y una disidente.

La primera opinión de conformidad fue firmada por el juez asociado Roberto Feliberti Cintrón. «Lo más prudente es consolidar los recursos de certificación intrajurisdiccional, paralizar los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia y atender, como cuestión de umbral, el planteamiento sobre la presunta nulidad del contrato (carta de extensión) que extendió sin fecha cierta el término de vigencia del Puerto Rico Transmission and Distribution Supplemental Terms Agreement», indicó el juez.

Esto le permitirá al alto foro «brindar certeza jurídica sobre un asunto novel de alto interés público y de trascendental importancia, relacionado con el sistema de energía eléctrica de Puerto Rico».

Las opiniones resumen los hechos medulares de la polémica contractual actual entre el gobierno y LUMA, como que en 2020 se firmó el contrato a 15 años, pero luego se enmendó para que no tuviera plazo y quedara sujeto a varias cláusulas, incluyendo una que colocaba la fecha de terminación del contrato en el momento en que el plan que se aprobara en el tribunal bajo la ley federal PROMESA fuera «razonablemente aceptable para el operador», o sea, LUMA.

El gobierno alega, según el resumen de hechos de esta opinión, que esta extensión es nula, lo que implica que nunca generó derechos. «Una extensión indefinida del contrato… usurpó las prerrogativas constitucionales de la gobernadora».

El juez asociado Feliberti enfatiza que no está resolviendo los méritos del caso, sino que su posición es que no tiene sentido alguno que el litigio de estos casos se prolongue innecesariamente.

Por otra parte, el juez asociado Luis Estrella Martínez entiende que se trata de un caso de «altísimo interés público» y que la intervención ahora del alto foro promueve la economía procesal y evita la incertidumbre jurídica.

«Valga resaltar la importancia de que la determinación provenga del más alto foro, pues de esa manera se le imprimiría confianza y finalidad al eventual dictamen judicial sobre la nulidad (posible de la carta que extiende el contrato)», dijo el juez asociado Estrella.

De otra parte, la jueza asociada Camille Rivera Pérez expresó que el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico es un asunto de alto interés público «que amerita nuestra pronta intervención».

La última opinión es una disidente, del juez asociado Ángel Colón Pérez. La razón de su oposición es que el caso aún se encuentra «en esta etapa tan temprana», por lo que no hay «la prueba requerida para su adecuada adjudicación».

El juez afirma que las certificaciones intrajurisdiccionales son de carácter excepcional porque el trámite ordinario es el que permite que los casos maduren. En este caso hay, según explica el juez, numerosas alegaciones que requieren un descubrimiento de prueba y determinaciones de hecho, que son «trámites propios del foro primario», o sea, de un Tribunal de Primera Instancia y no del Supremo.

«Esperemos, pues, que no sea el pueblo de Puerto Rico quien, al final del día, pague las consecuencias de la prisa de este Tribunal en remover del trámite ordinario un litigio técnico, complejo y multidimensional», afirmó el juez asociado.

También el juez Erick Kolthoff emitió unas expresiones en las que disiente por una razón muy concreta: «Discierno que la controversia medular de estos casos es en realidad una particular y novel, para lo que hubiera sido más conveniente el desarrollo de un expediente probatorio completo y determinaciones de hechos por el Tribunal de Primera Instancia».

Gobernadora Jenniffer González Colón celebra determinación del Tribunal Supremo que atiende de forma expedita controversia sobre el contrato de LUMA

La gobernadora Jenniffer González Colón reaccionó a la determinación emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante la cual acogió los recursos de certificación intrajurisdiccional presentados por el Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), para atender de manera expedita la controversia para la cancelación del contrato de LUMA Energy.

"La decisión del Tribunal Supremo representa un paso importante para brindar seguridad a nuestra gente. Desde el inicio he dicho que esta controversia necesita  una atención inmediata por tratarse de un tema que incide sobre un servicio esencial para el desarrollo económico, la seguridad y la calidad de vida de nuestro pueblo", expresó la gobernadora.

González Colón, destacó que el Gobierno de Puerto Rico acudió al Tribunal Supremo en diciembre del 2025 con el objetivo de defender el interés del pueblo para que nuestra gente  en toda  la isla cuente con luz en sus hogares sin tener que pasar los suplicios que LUMA ha provocado.

"Esta determinación valida nuestra posición de que Puerto Rico merece una respuesta rápida y definitiva sobre un asunto que afecta la operación de un servicio critico. Nuestro compromiso sigue siendo garantizar que cualquier decisión relacionada con el sistema eléctrico se tome conforme a derecho y siempre velando por el bienestar de la gente", añadió.

Asimismo, la gobernadora reiteró que su administración cumplirá con el compromiso establecido en el Plan de Gobierno de cancelar el contrato de LUMA, en respuesta al mandato expresado por el pueblo en las elecciones de 2024. Y aseguró que seguirá fortaleciendo el sistema energético, mediante el aumento de la capacidad de generación y distribución, exigiendo que LUMA cumpla con las responsabilidades para las que fue contratada, en lugar de destinar recursos del pueblo a la producción de documentales.