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Por María Soledad Dávila Calero
El gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley durante el pasado año el Proyecto de la Cámara 339 o Ley Habilitadora para Implementar el Plan de Alerta Ashanti, que crearía una alerta pública a ser utilizada en ciertos casos de desapariciones de personas mayores de 18 años.
Este plan de alerta se suma a otros protocolos de alerta por desapariciones que ya están vigentes y que se desprenden de regulación federal o que está en otras jurisdicciones de Estados Unidos.
Según se desprende de la ley, el protocolo de alerta Ashanti se activaría en caso de «desaparición de una persona mayor de 18 años, que sufra de discapacidad física o mental comprobada; o en circunstancias que se pueda entender que la seguridad física del adulto desaparecido pueda estar comprometida; o que la desaparición del adulto haya sido involuntaria, incluyendo el secuestro».
La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, quien también es una de las autoras de la medida, le indicó a Microjuris.com en una entrevista previa, que la alerta Ashanti busca llenar una laguna en las alertas ya que existían porque la alerta Amber le aplica a menores de edad y la alerta de plata le aplica a algunos adultos mayores.
«Hay que esperar un periodo de tiempo y cuando una persona está desaparecida las primeras cuatro horas son importantes. Esta ley permite que se levante inmediatamente un estado alerta a través de las plataformas según establezca el negociado de manejo de emergencia para que empiece una búsqueda intensiva de estas personas», dijo Burgos.
La Alerta de Ashanti surge del Ashanti Alert Act of 2018, una ley federal que se aprobó luego que la joven Ashanti Billie de 19 años desapareció y su cuerpo fue encontrado unas semanas después.
La Ley 70 de 2008 o «Ley Habilitadora para Desarrollar el Plan AMBER» establece el protocolo de alerta Amber que se utiliza para difundir en los medios de comunicación y aparatos tecnológicos como celulares y carteles electrónicos o "billboards" la notificación de la desaparición de un menor de 18 años. Para activar el protocolo, la policía debe determinar, además de la edad de la persona desaparecida, que el menor corre peligro y que ya hay "suficiente información disponible y de ayuda como para que la alerta sea de utilidad".
Esta alerta surge de una disposición de la ley Protect, aprobada por en el 2003, en la que establece los parámetros de la Alerta Amber e incluye a un coordinador nacional de la Alerta Amber.
El año después al protocolo Amber se aprobó la «Ley Habilitadora para implantar el Plan de Alerta SILVER» para establecer el protocolo para personas desaparecidas que padezcan de Alzheimer o demencia. Para que se active la persona que hace la denuncia deberá traer prueba del diagnóstico de la persona desaparecida e información que ayude a identificarla. Al igual que en el plan de Alerta Amber, este incluye anuncios es «billboards» y celulares.
Además de Puerto Rico, hay 38 jurisdicciones de Estados Unidos, incluyendo Washington DC, con un protocolo de plata y se han dado varios intentos para aprobar una ley federal.
Poco después de la desaparición de la joven Rosimar Rodríguez, en septiembre de 2020, se estableció el Plan Rosa, que incluye la Alerta Rosa, entre las medidas para casos de desaparición de mujeres de 18 años o más. Además de la difusión pública, el Plan Rosa incluye unas instrucciones para el proceso de investigación. Entre estas instrucciones está el no esperar tiempo para levantar la Alerta Rosa, a menos que se entienda que puede afectar adversamente a la posible víctima.
El caso Keishla Ortiz fue la primera vez que se activó el Plan Rosa. Ortiz se reportó como desaparecida el 29 de abril y su cuerpo apareció el 1 de mayo y en el proceso de vio un amplio despliegue de recursos policiacos para atender el caso. Actualmente el boxeador Félix Verdejo y su posible cómplice Luis Antonio Cádiz enfrentan cargos relacionados al asesinato de Ortiz.
Sin embargo, además del protocolo aprobado el año pasado, también está el alerta rosa o «pink alert» que es un código para los hospitales en caso de secuestros en caso de menores.
En el caso de la Ley de Alerta Mayra Elías contra el «Hit & Run» o Ley 187 de 2016 el enfoque de esta alerta no es dar con el paradero de la víctima sino con el posible causante de un accidente automovilístico que se haya dado a la fuga.
Su nombre de dio por Mayra Elías Díaz. En el 2012 Elías Díaz iba corriendo junto a otros dos corredores cuando un vehículo los atropelló y se dio al a fuga. Elías fue quien recibió el impacto más fuerte. En el 2015 se acusó y Luis Gabriel D’Acosta de Jesús por el crimen y se le dio un año de cárcel.