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Por Daniel Rivera Vargas

Los derechos de la comunidad trans están en la mira del Tribunal Supremo de Estados Unidos con un matiz intrigante: ¿se puede denegar a un progenitor la capacidad de decidir lo que considera mejor para sus hijos?

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La controversia surge de una ley en Tennessee que prohíbe la administración de tratamientos hormonales a menores, los cuales son utilizados médicamente para facilitar la transición de personas dentro de la comunidad trans.

Este tema ha llegado al Tribunal de Apelaciones federal, que dictaminó que dichos tratamientos son ilegales.

La semana pasada, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anunció que acudirían ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos porque, aunque reconocen que es el mismo foro que recientemente revoco el derecho al aborto federalmente reconocido por medio siglo, «debemos agotar todas las opciones» para proteger los derechos de la comunidad trans porque "es un asunto de salud de vida o muerte».

A través de un comunicado de prensa, la organización presentó un certiorari que consta de más de 300 páginas, de las cuales 39 pertenecen al escrito de certiorari y el resto al apéndice con diversos anexos. Su objetivo es intentar frenar lo que afirman ser un ataque dirigido a socavar las protecciones legales de aproximadamente 100,000 familias que residen en algunos de los 20 estados que han promulgado leyes en contra de la comunidad trans.

«En el lapso de unos pocos años, los derechos y las vidas de las personas transgénero han sido radicalmente remodelados por una letanía de ataques políticos contra nuestra libertad, nuestra dignidad y la atención médica que muchos de nosotros necesitamos para vivir», expresó ACLU en las declaraciones escritas.

Las expresiones de ACLU fueron emitidas por una persona que se identifica como trans, el director asociado de justicia transgénero de la organización, Chase Strangio «los últimos meses han sido los más devastadores personal y profesionalmente de mi vida. Mi corazón, y el corazón de todos los defensores transgénero que luchan en esta lucha, está cargado con el peso de la deshumanización y el daño innecesario que las personas trans como nosotras estamos experimentando en todo el país. Pero también sé que todas las personas trans han abrazado lo desconocido en nombre de vivir libres de la vergüenza o del vicio de las expectativas de otras personas».

En el certiorari de 39 páginas, las preguntas al Supremo son si la prohibición al tratamiento médico para adolescentes transgéneros viola la cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda y su se viola el derecho fundamental de los padres de tomar decisiones sobre los médicos, también garantizada en la decimocuarta enmienda.

Entre los argumentos para que el Supremo intervenga se encuentra que hay decisiones contradictorias de tribunales apelativos, porque mientras el sexto prohibido esos tratamientos hormonales el octavo circuito si ha validado los mismo. El Supremo no está obligado a atender los certioraris y se ha afirmado que solo atiende el 1% de estos recursos que llegan ante su consideración.

Según el documento de ACLU al Supremo, la ley de Tennessee expresamente dice que la prohibición a estos tratamientos busca que los menores «aprecien su sexo» y describe los tratamientos como «que pueden promover que los menores ven con desdeño su sexo».

Sin embargo, todos los tribunales de distrito que han evaluado estas alegaciones «han encontrado que no esas expresiones no tienen bases en hechos. Las cortes uniformemente encuentran que el testimonio de expertos putativos que apoyan el SB1 (la ley de Tennessee) y similares sin ilógicas, inconsistentes, exageradas o simplemente falsas».

Los demandantes son identificados como LW, una niña transgénero de 15 años, y sus padres Samantha y Brian Williams, y otras personas de identidad no revelada, y la doctora de Tennessee Susan N. Lacy., quien la atiende de una condición llamada disforia de género, que es descrita como «una afección médica grave que, si no se trata, puede provocar ansiedad y depresión graves, autolesiones e incluso suicidio».

«Después de años de sufrir una angustia severa por la disforia de género, y después de una cuidadosa deliberación con sus médicos y el consentimiento informado de sus padres, L.W., Ryan y John encontraron un tremendo alivio con la medicación de afirmación de género recetada por el médico. Ahora se enfrentan a graves daños físicos y emocionales porque Tennessee les ha prohibido acceder al tratamiento médico que necesitan», se agrega en la demanda.

Entrevistada por Microjuris, la licenciada María Judith «Nani» Marchand Sánchez, socia fundadora del bufete Ferraiuoli LLC, quien imparte cursos sobre derechos de la comunidad trans en el empleo, indicó que el caso ante el Supremo tiene dos vertientes.

De acuerdo a la abogada, están alegando que no es otra cosa que un discrimen por sexo, en la medida que ser transgénero esta relacionado al sexo «que te fue asignado al nacer», por lo que estos medicamentos de reafirmación de sexo, están disponibles para personas que no son trans, pero no lo están para los que son trans.

«Esto no es otra cosa, dicen ellos, que discrimen por razón del sexo, ¿cómo es que una mujer joven en pubertad, que tiene ciertas condiciones, la podemos ayudar con tratamientos de estrógeno, pero a un noven con disforia de género no lo podemos ayudar?», dijo Marchand Sánchez.

La segunda vertiente es que están privando a los padres de su derecho de patria potestad sobre sus hijos.

«Le privan de su derecho a decidir. Tú, como padre o madre, decides si le sacas las amígdalas a tu hijo. Tú, en asuntos sexuales, oyes al especialista, lo que te recomienda y tú como padre o madre decides si le haces una circuncisión. Y aquí, está el Estado diciendo que lo que tú y tu esposa deciden que es lo más conveniente (en este caso el tratamiento hormonal para trans), ahora no se puede».

Se trata de un asunto medular respecto a quien decide que es lo mejor para los hijos y sobre qué peso tiene la opinión de un médico frente a la posición del gobierno, elaboró la abogada.

«Como decimos en Puerto Rico, a mis hijos los crio... Si mi esposo y yo, o tu esposa y tú, buscamos asesoramiento médico, si lo que dicen los médicos es que, para atender la disforia de género, porque me van a privar, porque me hacen que me mude de estado».

«Si ese médico entiende que ese menor padece de una condición, y hay un tratamiento disponible, ¿por qué me estás limitando la capacidad de llevar este tratamiento?», planteó.

La abogada no quiso especular de cómo atenderá el Supremo esta controversia.

«Yo entiendo que representa un caso que amerita ser evaluado. De si la intromisión del estado viola los derechos constitucionales de sus ciudadanos. En el contexto del empleo esto estaría requeté resuelto: No hay duda de que en el empleo la persona tiene derecho a presentarse en el empleo con la identidad con que se identifican».