Por María Soledad Dávila Calero

El Senado comenzó la segunda sesión legislativa del cuatrienio aprobando la interpelación al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado, investigaciones sobre los toldos azules y los retos en el sistema educativo.

Toldos azules

A tres años y 11 meses del huracán María, el estimado del Departamento de Vivienda de Puerto Rico es que 18,000 personas todavía tienen toldos azules, según resaltó la senadora del distrito de Ponce, Migdalia González.

González también resaltó la negativa de cooperación de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia o COR3 (por sus siglas en inglés).

Educación

La senadora María de Lourdes Santiago Negrón denunció que se proveyó información incorrecta al cuerpo sobre el estatus de las escuelas, específicamente sobre el estatus de las escuelas de Peñuelas.

Por otro lado, el senador por el distrito de Arecibo, Rubén Soto, tomó un turno para hablar de lo que encontró de la investigación que se desprende de la Resolución del Senado 193 sobre la remoción de acreditación del programa de residencias de Neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por el Consejo de Acreditación de Educación Médica Graduada (ACGME por sus siglas en inglés).

Soto se mostró insatisfecho en cómo la administración universitaria manejó la situación y aseveró. «Quedan gestiones por contestar por parte de los administradores».

Tanto Soto, como la senadora Migadalia Padilla hablaron de la posibilidad de apelar la decisión de ACGME, aunque RCM ya notificó que no apelaría la decisión.

Además, cabe señalar que la sección 19.3 del reglamento de Políticas y Procedimientos de ACGME establece que el recinto tenía 30 días desde que se anunció la decisión del consejo acreditador para apelar la remoción de la acreditación, periodo que ya se cumplió.

También sobre la UPR, el senador Rafael Bernabe habló de los hallazgos de la situación de la Biblioteca José M. Lázaro, la biblioteca principal de sistema de bibliotecas de la UPR recinto de Río Piedras.

Bernabe planteó que la biblioteca no tiene suficientes fondos para atender todos sus problemas y culpó a la Junta de Supervisión y Administración Financiera por los recortes establecidos en la institución académica.

«La junta de control fiscal durante los últimos años ha llevado una guerra implacable contra la Universidad de Puerto Rico», dijo Bernabe, quien además plantó que a la hora de considerar si un plan de ajuste de deuda es viable hay que primero tomar en cuenta cuánto dinero hace falta para financiar los servicios del gobierno.

Dentro del tema de educación, pero fuera de las gestiones del Capitolio, la senadora Joanne Rodríguez Veve resaltó las miles de personas que marcharon el sábado, 15 de agosto en contra de la implementación de educación con perspectiva de género.

Interpelación al secretario del DRNA

Aunque la senadora por el distrito de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey, presentó la Resolución del Senado 291 siete días antes de comenzar la sesión y esta no había sido enviada a comité, el portavoz de la minoría, Thomas Rivera Schatz, presentó una moción para que la resolución bajara por descargue, a la que se unió el senador José Vargas Vidot.

«Esta medida tiene el propósito mayor de una transparencia. El pueblo necesita saber cómo se está manejando la política pública ambiental. Este mecanismo promueve la transparencia y la oportunidad al secretario de que se explique», dijo Trujillo Plumey.

La Resolución del Senado 291, que se aprobó en votación final, busca hacer una interpelación a Machargo Maldonado sobre las diferentes controversias sobre el manejo recursos naturales sensitivos.

«Los múltiples señalamientos abordan asuntos tales como: los mecanismos de dispensas en la reglamentación que prohíbe el depósito de cenizas de carbón, aspectos relacionados a la construcción de una verja dentro de la zona marítimo terrestre en el municipio de Santa Isabel, los continuos atrasos relacionados con los procedimientos de renovación de las licencias de pesca comercial, la problemática sobre remoción de terrenos y deforestación respecto a la Reserva Natural Planadas en Salinas, la negativa a pasar revista sobre la leyes y reglamentación que regulan la construcción en las zonas costeras», lee la resolución.