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Puerto Rico atraviesa un proceso de transición que, según el secretario de Estado y presidente del comité de transición de la administración saliente de Pedro Pierluisi, Omar Marrero, está regulado de manera más organizada que en muchas otras jurisdicciones de Estados Unidos y el mundo.
En una entrevista con Microjuris, Marrero destacó que la Ley 197 de 2002, conocida como la «Ley para Regular el Proceso de Transición del Gobierno de Puerto Rico», establece fechas y mecanismos específicos diseñados para facilitar el traspaso de mando entre administraciones de manera ordenada y efectiva.
«Es un proceso de avanzada en el sentido de que no todos los estados regulan o tienen un marco para establecer esa transición o transferencia pacífica de poder. Establece un proceso formal y ordenado. Es de una manera efectiva y eficiente», sostuvo Marrero.
La exposición de motivos de la Ley 197 de 2002 señala que, antes de su promulgación, las transiciones de gobierno en Puerto Rico se llevaban a cabo conforme a «uso y costumbre». Este enfoque, en ocasiones, permitía que las administraciones salientes realizaran contrataciones que comprometían fondos públicos, generando incertidumbre y desorden. Por ello, se reconoció la necesidad de establecer mecanismos procesales prospectivos para evitar transiciones accidentales y desorganizadas.
Marrero explicó que una disposición clave de la Ley 197 es el mandato de que, para el 31 de octubre del año eleccionario, todas las agencias gubernamentales presenten informes de transición.
Estos informes detallan el estado de cada agencia y son publicados en un portal creado por el Departamento de Estado, con el propósito de que la nueva administración cuente con la mayor preparación posible para asumir su gestión.
Además, señaló que la información en estos informes debe estar actualizada al menos hasta el 31 de agosto del mismo año.
«Te puedo contar que las agencias ya cumplieron con esta obligación. Nosotros mediante carta pedimos que lo hicieran dos semanas antes de la fecha para revisar y verificar que todo estuviera en cumplimiento con la ley», sostuvo.
Marrero detalló que los informes de transición deben incluir información clave como el presupuesto de la agencia, leyes relevantes, informes del Contralor, planes de acción correctiva, cartera de inversiones —si aplica— y otros trámites pendientes. Estos datos, afirmó, son esenciales para garantizar una transición gubernamental transparente y ordenada.
Marrero añadió que, durante esta semana, se están firmando acuerdos de confidencialidad con los miembros del gobierno entrante. Además, indicó que se espera el anuncio del calendario de vistas públicas del proceso de transición, las cuales comenzarán esta semana o, a más tardar, la próxima.
Explicó que no todas las agencias están obligadas a comparecer a las vistas públicas. Por motivos de conveniencia en cuanto a espacio, estacionamiento y costos, estas se llevarán a cabo, al igual que en 2020, en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.
«Según la ley, los trabajos deben concluir para el 21 de diciembre pero no tiene que ser para esa fecha, lo que es usual es que sea para la segunda semana de diciembre», explicó el secretario saliente.
La ley también establece varios puntos clave sobre el proceso de transición tras las elecciones generales. El proceso debe comenzar al cuarto día después de celebradas las elecciones y contará con un presupuesto de $600,000.
Cada agencia contará con su propio comité de transición, el cual podrá nombrar a un director ejecutivo.
Las sesiones de estos comités serán públicas, y la información será accesible para los medios, excepto aquella que esté protegida por privilegio o confidencialidad. Además, el comité tiene personalidad jurídica para demandar y ser demandado. En caso de controversias entre los comités de transición, estas se resolverán mediante un mandamus ante el Tribunal Supremo.
El informe final de transición debe entregarse a más tardar el séptimo día después de la toma de posesión del nuevo mandatario o mandataria. Finalmente, las violaciones a esta ley pueden acarrear sanciones, incluyendo hasta seis años de prisión.
El secretario identificó a los miembros del comité de transición por parte de la saliente administración Pierluisi como los siguientes:
Otros nombrados por el Gobernador son:
Mientras, la semana pasada la gobernadora electa Jenniffer González anunció mediante comunicado de prensa a las siguientes personas como sus representantes en el comité de transición:
El presidente del Comité de Transición Entrante, el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Cruz, dio a conocer el calendario de vistas del proceso de transición del gobierno de Puerto Rico y la distribución de presentación de los agencias.
Las sobre más de 130 agencias que hay en el gobierno de Puerto Rico, rindieron su informe de transición al 31 de octubre de 2024 ante el Departamento de Estado. El Comité de Transición Entrante determinó la lista de agencias citadas a deponer por la prioridad de los asuntos que les compete, sin embargo, dejaron abiertas la posibilidad a futuras vistas para invitar a más agencias, según se vayan desarrollando las vistas y la discusión de la información provista.
«Tenemos que ir sobre el contenido de estos informes, pero igual tenemos que hacerle preguntas puntuales a los jefes de agencias de todas las transacciones que se están llevando a cabo de personal, de subastas que comenzaron justo antes de las elecciones. Yo estoy seguro y espero que podamos contar con la colaboración del gobernador Pierluisi para que mande a paralizar todas estas transacciones que buscan comprometer el presupuesto que le corresponde administrar a la gobernadora electa y deben ser procesos que los deben llevar a cabo por los nuevos jefes de agencias», puntualizó Rivera Cruz.