El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sanción impuesta por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) al Recinto de Ciencias Médicas (RCN) de la Universidad de Puerto Rico, por no haber activado su protocolo de violencia sexual en protección de una de sus residentes.

«Luego de un examen minucioso del recurso no encontramos prueba suficiente en el expediente ni en lo discutido por el RCM para dejar sin efecto la presunción de corrección que le cobija a la resolución final de la OPM. Todo lo contrario, existe prueba documental y testifical que sostiene sustancialmente el dictamen recurrido…no encontramos error en la aplicación del derecho o un abuso de discreción en la aplicación a los hechos probados», se expresa en la resolución, emitida por el panel de jueces compuesto por Nélida Jiménez, Sol de Borinquen Cintrón y Monsita Rivera.

La multa surgió luego de que durante el pasado año se acusara al ginecólogo Manuel Morales Maldonado, por agresión sexual, conspiración y secuestro agravado, por haber drogado a una doctora residente durante una actividad del RCM en el negocio Café Palace y llevarla a un apartamento, donde abusó de esta. Una mujer, de nombre Yomayra De Jesús Rodríguez, fue acusada por los mismos hechos.

Morales Maldonado también era doctor residente al momento de los hechos. Ambos eran compañeros del Programa de Educación Graduada del Departamento de Obstetricia y Ginecología (OBYGN) del RCM.

La OPM investigó el caso y el proceder del RCM, concluyendo que la institución evadió su responsabilidad a pesar de que la agresión fue cometida durante la celebración de una actividad oficial. De hecho, la institución no activó el protocolo institucional una vez supo sobre el incidente, no apoyó ni orientó a la víctima sobre cómo presentar una querella, no brindó apoyo ni consejería y no tuvo la intención de iniciar una investigación a pesar de que el protocolo interno establece que puede hacerlo sin que la víctima haya formalizado una querella.

La falta de acción por parte del rector Noel Aymat Santana provocó que la OPM le multara a razón de $20,000.00 dólares, $10,000.00 dólares por violar y no activar su «Política para la Prevención e Intervención en casos de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Acecho para estudiantes del RCM» y los otros $10,000 dólares dirigidos a los daños y perjuicios sufridos por los actos y omisiones de parte de la institución.

Además de fallar en la activación del protocolo, el RCM amenazó a la doctora con no permitirle completar su residencia ante las ausencias que provocó la agresión y le solicitó que firmara una carta para exonerar a uno de los médicos implicados. Dicha solicitud se le hizo mediante correo electrónico y buscaba beneficiar a otro compañero que aprovechando su estado, hizo compras con su tarjeta de crédito por sobre $800 dólares.

«Tú lo podrías ayudar. Siempre y cuando él no haya estado envuelto, no te haya hecho ningún daño y no vayas a presentar cargos en su contra», decía un fragmento de la carta.

Por otro lado, también surgió que 111 facultativos, residentes y estudiantes firmaron una carta en la que se solicitó que se levantara la suspensión impuesta contra el imputado agresor sexual.

Según una reseña del caso publicada por el periódico El Nuevo Día, la doctora pudo formalizar su querella ante el RCM siete meses después de ocurridos los hechos, porque para ese entonces recibió orientación y apoyo de la OPM y ayuda y consejería a través del proyecto PASOS.

Esta no es la primera vez que multan al RCM por la OPM. En abril del 2016, la institución tuvo que pagar $10,000 dólares por violar su política interna contra hostigamiento sexual, ya que en el 2014, una estudiante de medicina presentó una querella contra un profesor por hostigamiento sexual. La mujer alegó que el catedrático le enviaba correos electrónicos con alto contenido sexual.