El juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, declaró ha lugar una petición de mandamus presentada por la organización ambiental El Puente en contra del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC), para que cumplan con las disposiciones de la Ley de Cambio Climático (Ley 33-2019).

Como parte de la sentencia, se ordenó al DRNA y al CEACC a elaborar y presentar en 15 días un Plan de Trabajo que establezca las gestiones que realizarán para cumplir con su deber ministerial lo antes posible.

Además, se le otorgó a El Puente 15 días, a partir de la presentación del referido Plan de Trabajo, para exponer su posición sobre dicho documento. El tribunal expresó que mantendrá jurisdicción para velar por el cumplimiento de su sentencia.

En la petición, radicada a través de la representación legal del UPR Resiliency Law Center, El Puente no solo solicitó que el CEACC y el DRNA cumplan con las disposiciones de la Ley 33-2019, sino que instó al CEACC a que cumpla con su deber ministerial de crear el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (Plan de Mitigación), que debió estar listo el 1 de octubre de 2020.

De igual forma, solicitó que el DRNA actualice y publique el inventario anual de las emisiones de gases de efecto de invernadero, el cual no se actualiza ni se publica desde el 2014.

«La expedición del mandamus evita que el gobierno pueda seguir pateando la lata hacia adelante, como lleva haciendo desde la aprobación de la ley en 2019», dijo Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente.

Ninoshka Picart Pérez, representante legal de El Puente, en tanto, expresó que la sentencia del tribunal «es una victoria para el pueblo y un gran paso para lograr justicia social y climática».

«El Gobierno de Puerto Rico lleva años incumpliendo con la Ley 33-2019, y el hecho de que el Tribunal haya emitido una sentencia ordenándole a cumplir y manteniendo jurisdicción nos acerca más al cumplimiento de la ley», puntualizó Picart Pérez.

Por otra parte, Amy Orta, coordinadora de política pública de El Puente, insistió en que, «el cambio climático es una emergencia global y Puerto Rico es uno de los países en el mundo que más afectado se ve. Cada día que pasa sin que tengamos un plan, es un día en el que la vida, seguridad y salud del pueblo continúan en riesgo. El plan nos permite tener una visión organizada y sistémica para mejor lidiar como país con los efectos del calentamiento global».

La decisión del juez Alfonso Martínez Piovanetti coincide con el cierre de la conferencia anual de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 27), donde se urgió a los países a no dilatar más la implementación de acciones de mitigación y adaptación, así como a poner la justicia climática al centro de sus acciones.

«Esta sentencia valida el importante rol que tienen los grupos ambientales y comunitarios en fiscalizar la labor gubernamental en temas relacionados con el medio ambiente y al cambio climático. Por eso, es crucial que el gobernador apruebe el Proyecto de la Cámara 474, el cual reconoce la legitimación activa de individuos y grupos interesados en asuntos relacionados con la protección ambiental y el cambio climático», enfatizó Cintrón Moscoso.

Desde su lanzamiento en 2013, el programa de Enlace Latino de Acción Climática de El Puente, junto a colaboradores y aliados, ha presentado diversos recursos legales para exigir el cumplimiento de leyes locales y federales y adelantar así la justicia climática en el país.