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La juez María G. Rosa del Tribunal Supremo de Nueva York, Condado de Dutchess, determinó que los jueces deben considerar la capacidad de pago de los acusados al imponer una fianza, así como alternativas menos restrictivas, a la hora de establecer las condiciones de libertad a personas que enfrenten cargos criminales.
Según la decisión, el no considerar la capacidad de pago de los acusados, tal como ocurrió en el caso considerado, es una violación a las cláusulas constitucionales del debido proceso de ley e igual protección de las leyes. Ambas cláusulas forman parte de la Constitución de Nueva York, así como de la Constitución de Estados Unidos.
La decisión surge luego de que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Nueva York presentara una demanda el pasado mes de enero, solicitando la excarcelación de Christopher Kunkeli, un hombre del condado de Dutchess que estuvo detenido casi tres meses antes de su juicio por un delito menos grave.
Esta es la primera sentencia de este tipo en Nueva York, y llega en un momento en que los tribunales de todo el país comienzan a imponer requisitos similares. El juez en el caso por robo del Sr. Kunkeli fijó su fianza en $10,000 sin considerar su capacidad de pago, y ordenó que fuera encarcelado en el condado de Dutchess cuando no pudo pagar la misma. Kunkeli estuvo detenido por casi tres meses y finalmente se declaró culpable de un cargo menor.
«Cinco mil dólares se interpusieron entre mi libertad y yo. Debido a que no podía darme el lujo de comprar mi camino para salir de la cárcel, no pude pasar tiempo con mis amigos y familiares durante las vacaciones», señaló el hombre al salir en libertad.
«Tenemos la intención de utilizar esta decisión para llevar a cabo una reforma estatal y poner fin a la práctica de encarcelar a miles de personas en todo el estado únicamente por su incapacidad para pagar su libertad», dijo Philip Desgranges, abogado principal de la ACLU en Nueva York y abogado principal en este caso. «Todos los neoyorquinos merecen un sistema de justicia donde los ricos y los pobres sean iguales ante la ley», puntualizó.
En su decisión, la juez Rosa señaló: «Si bien es claro que la legislatura debe actuar, es indiscutible que esto no suceda hasta 2019. Mientras tanto, miles de personas se encontrarán en una situación similar a la del peticionario durante su vista de causa para arresto. A este tribunal le queda claro que la falta de consideración a la capacidad de un acusado de pagar la fianza establecida en una vista de causa para arresto es una violación de la cláusula de igualdad de protección y debido proceso de la Decimocuarta Enmienda y de la Constitución del Estado de Nueva York».