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Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston confirmó una decisión del tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico invalidando una ley que buscaba ayudar a frenar el éxodo de médicos desde la Isla.

Lee aquí la decisión

Según la opinión del caso, la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage, junto a un grupo de planes médicos, v. Domingo Emanuelli firmada por el juez Kermit V. Lipez, en un panel en el que también participaron Jeffrey R. Howard, y Ojeta Rogeriee Thompson, la ley 90 de 2019 que exigía a los planes Medicare Advantage pagarles a sus proveedores médicos igual paga que bajo el tradicional Medicare, interviene en un campo ocupado por ley federal, tal y como había resuelto la jueza de distrito Silvia Carreño en una opinión que Boston describe como «bien pensada».

«No minimizamos la gravedad de la amenaza que enfrenta Puerto Rico por la huida de los profesionales médicos. Tampoco pasamos por alto las dificultades que enfrenta Puerto Rico para abordar esta crisis. Pero Pero sobre la cuestión específica de precede (preemptetd) la ley federal sobre el mandato de precios de la Ley 90, la respuesta es clara», sostuvo.

El panel apelativo comienza explicando que Medicare provee a personas mayores de 65 años y otros beneficiarios ciertos servicios de salud, y a los proveedores médicos que ofrecen ese trabajo se paga de las partes A y B con una tarifa por servicio establecida por Centros de Servicio de Medicaid y Medicare (CMS).

Pero, además, la ley establece que para la parte C de ese programa, o el Medicare Advantage, organizaciones como planes médicos provean ciertos servicios que no están incluidos en cubiertas tradicionales de Medicare, como dental y audición, pero el método de paga a los proveedores médicos es diferente, con una paga no directamente al proveedor sino «pagos mensuales por beneficiarios».

La ley de Medicare Advantage va un paso más allá y prohíbe que se establezca «una estructura particular de precio por pago», explica la opinión.

Entonces, en el 2019 el gobierno de Puerto Rico «en un intento de atender una crisis mayúscula de salud pública que aflige a la isla por más de una década: el éxodo masivo de profesionales médicos en busca de mejores oportunidades económicas a estados Unidos, aprobó la ley 90, que planteaba que a lo médicos en la isla se les pagaba menos que en los estados en programas como Medicare Advantage, y obligaba a que se le pagará a esos profesionales de la salud por lo menos igual que lo que paga el gobierno federal».

Los planes médicos y otros entablaron la demanda contra esta ley, y el Tribunal de Apelaciones resuelve que «el lenguaje claro y el historial legislativo demuestra que la intención Congresional» es ir por encima de leyes estatales como la Ley 90, esto a pesar de enmiendas a la ley de Medicare y tomando en consideración el análisis de otros circuitos federales.

«La cláusula de la Supremacía de la Constitución de Estados Unidos que hace la ley federal ‘la ley suprema de la tierra’ significa que el Congreso tiene el poder de ir por encima de ley estatal», recuerda el Tribunal de Apelaciones federal.