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Por la Lcda. Crystal Acevedo, abogada de asuntos corporativos y de contratos en el bufete MZLS LLC

El 3 de diciembre de 2024, el juez federal Hon. Amos L. Mazzant III, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, emitió un interdicto preliminar de alcance nacional que bloquea la implementación de la Ley de Transparencia Corporativa («CTA», por sus siglas en inglés) por parte del gobierno federal. Aunque no se trata de un fallo definitivo, la medida tiene el efecto inmediato de liberar temporalmente a las entidades de cumplir con las obligaciones de informe que, según la ley, debían entrar en vigor el 1 de enero de 2025. Además, suspende provisionalmente los requisitos de informes sobre Información de Propiedad Beneficiaria («BOI», por sus siglas en inglés) con la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN).

Descarga el caso: Texas Top Cop Shop v. Garland, et al. (caso 4:24-cv-00478)

En este caso, seis demandantes (un individuo y cinco entidades) solicitaron el remedio de interdicto únicamente para ellos, argumentando que el Congreso excedió su autoridad al requerir que las entidades divulgaran información sobre sus propietarios, incluso si no participan en comercio interestatal o extranjero. El juez subrayó que ser una persona jurídica no otorga al Congreso poder absoluto para regular todos los aspectos de las operaciones comerciales, y extendió la orden judicial a nivel nacional, ampliando el alcance del remedio más allá de lo solicitado. El tribunal concluyó que la CTA probablemente infringe protecciones constitucionales y excede los límites de la autoridad del Congreso. Aunque esta decisión es provisional, suspende temporalmente los plazos de cumplimiento, pero podría ser revocada, y el incumplimiento acarrea serias consecuencias, tanto civiles como penales.

Este no es el primer revés que enfrenta la CTA. A principios de 2024, el tribunal federal en Alabama también declaró la ley inconstitucional, la diferencia es que a pesar de declarar la ley inconstitucional, la decisión se limitó a los demandantes en el caso. Sin embargo, el injunction del tribunal de Texas expresamente aplica a nivel nacional, convirtiéndolo en un momento crucial en esta lucha por la «transparencia corporative». De sostenerse la determinación judicial, se transformará el alcance de los poderes del Congreso en cuanto a normas o regulaciones aplicables a las personas jurídicas a nivel nacional.

¿Cuál es el efecto legal de la decisión Texas Top Cop Shop v. Garland?

La CTA requiere que la mayoría de las entidades en los Estados Unidos, independientemente de su tipo, revelen información personal sobre sus propietarios beneficiarios. El la justificación congresional para la aprobación de esta ley como una herramienta para combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Sin embargo, por el momento, el fallo del tribunal ha suspendido estas obligaciones, otorgando un alivio temporal a las entidades y sus propietarios beneficiarios.

• El interdicto preliminar es temporero; por lo tanto, el tribunal, o un tribunal revisor, podría restablecer los requisitos de cumplimiento en cualquier momento.
• Las entidades deben mantenerse alertas y preparadas para cumplir en caso de levantarse la paralización.
• El interdicto preliminar aplica en todo Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico.

Qué esperar del caso Texas Top Cop Shop v. Garland

Se espera que el caso sea llevado ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, y eventualmente podría ser considerado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por otra parte, es posible que el nuevo Congreso, que inicia en enero de 2025, intervenga en el asunto. Asimismo, tanto el Congreso actual como FinCEN podrían adoptar nuevas medidas antes de que finalice el año. En conclusión, este tema podría evolucionar de distintas maneras.

Ante este panorama, es crucial que las entidades se mantengan informadas sobre los desarrollos legales y legislativos, considerando las graves consecuencias de un posible incumplimiento en caso de reactivarse los requisitos de reportar.

¿Qué significa esto?

A la fecha de hoy, 5 de diciembre de 2024, las entidades no tienen que presentar sus informes BOI para el 1 de enero de 2025. Por el momento, esto aplica a todas las entidades. Aunque la decisión judicial es significativa, MZLS advierte que la situación con los informes BOI sigue siendo dinámica. Seguiremos manteniéndolos informados.

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