El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, a través de la pluma del juez Eric Ronda del Toro determine que Peñuelas Valley Landfill (PVL) no podrá depositar cenizas de carbon en el vertedero de Peñuelas o cualquier jurisdicción del municipio. Esta determinación pone punto final a una demanda que se presentara en junio de 2015, cuando la compañía demandó a los activistas en contra del depósito de cenizas —José Manuel Díaz Pérez, Jimmy Borrero Costas y miembros del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa— por causar daños irreparables a la empresa al obstruir el acceso al vertedero.

Según publicado en la página del Centro de Periodismo Investigativo, el magistrado advirtió en su sentencia que si algún contratista o funcionario de Peñuelas Valley Landfill "ordena o intenta" depositar en el área cualquiera de los residuos de la combustión de carbón que genera la empresa eléctrica AES en Guayama, podrá ser encontrado incurso en desacato al Tribunal.

Según los activistas, su intervención en el vertedero estaba dirigida a impedir la entrada de camiones que contenían cenizas tóxicas y exigir a la compañía cumplimiento con la Ordenanza Municipal Número 13, que prohíbe desde el 2013 el depósito de cenizas producto de la quema de carbón en Peñuelas. Para esa época, la compañía —en total contravención con dicha normativa— introdujo de forma ilegal siete mil toneladas de cenizas de carbón en el vertedero.

Tras conocer sobre la decisión José Manuel Díaz Perez celebró la victoria de las comunidades y "la lucha que se da en la calle para defender la dignidad del pueblo peñolano".

"Y gracias a la lucha en la calle es que pudimos detener las cenizas en Peñuelas. Si no hubiese existido la protesta, la manifestación, la orientación a la comunidad, nada de esto habría pasado. Hoy estaríamos recibiendo decenas de camiones y ya no serían siete mil toneladas, serían 350 mil o más, como en el vertedero de Humacao", continuó.

A pesar de que la Junta de Calidad Ambiental aceptó que el depósito de las cenizas había sido ilegal, el activista Jimmy Borrero Costas denunció que todavía no se han emitido sanciones contra quienes autorizaron la entrada de cenizas a los predios de PVL, como estipula la propia ordenanza municipal.

Resta ahora esperar la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, foro que desde mayo de 2015 tiene ante sí un pleito para determinar si la ordenanza Número 13 es válida o no.

"Si el Tribunal Supremo falla en contra de nosotros, entonces ninguna ordenanza municipal que se haya legislado en los municipios de Puerto Rico será válida. De eso es que estamos hablando", comentó Borrero