Por Daniel Rivera Vargas

A pesar de haber sido indultada por el presidente Donald Trump, esta semana el Tribunal Supremo de Puerto Rico desaforó a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced en relación al caso criminal por el que se declaró culpable ante el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Según la opinión firmada por el juez asociado Roberto Feliberti Cintrón, el TS-8709, hay jurisprudencia previa que permite sancionar a un abogado, aun cuando haya un indulto ejecutivo por el "poder inherente" del alto foro. "Es claro entonces que un indulto no borra la conducta ética reprochable y que la jurisdicción disciplinaria del tribunal es independiente", sostiene la decisión del Supremo.

La exsecretaria de Justicia y esposa del ex juez Jorge Diaz Reverón quedó suspendida indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría, en una decisión en la que varios de los jueces asociados del Supremo emitieron opiniones de conformidad. El documento en total tiene 66 páginas.

La opinión reveló que Vázquez Garced ya estaba readmitida a la notaría desde el 4 de abril de 2024. Como parte del mandato del alto foro, un alguacil debe incautar la obra notarial trabajada por la exgobernadora en los pasados dos años.

Vázquez Garced se declaró culpable de un delito menos grave de aceptar una promesa de aportación política de una persona extranjera -Julio Hernández Velutini- de entre $15,000 a $25,000 para el financiamiento de la campaña política primarista de 2020. No llegó a ser sentenciada porque antes de eso se emitió el indulto presidencial de Trump. Los cargos originales de 2022 contra la exmandataria, antes de llegar a un acuerdo de culpabilidad, eran por conspiración, soborno asociado con programas federales, y fraude electrónico de servicios honestos.

El alto foro le dio oportunidad a la exgobernadora de expresarse sobre el proceso disciplinario en su contra.  Vázquez Garced detalló su resumé profesional y aseguró que el caso criminal federal le causó daño emocional, psicológico y económico a ella y su familia. Negó haber incurrido en conducta deshonrosa, dijo que no hubo fraude ni "implica corrupción gubernamental’.

"Se trata de un delito de naturaleza estatutaria que no conlleva depravación moral", fue parte de lo que planteó la exgobernadora, quien pidió el archivo del trámite disciplinario. 

El Supremo hizo caso omiso al pedido de archivar el proceso. En su análisis de derecho evalúa diversos aspectos como el poder inherente del Tribunal Supremo, el proceso disciplinario contra un abogado, los cánones de ética profesional -por la fecha de los hechos n aplicaban las nuevas reglas de Conducta profesional-, la clemencia ejecutiva, aquí y en Estados Unidos, y varios precedentes.

También se resalta, en la nota al calce 25, la falta de arrepentimiento de la exgobernadora, y como por su vasta experiencia como funcionaria pública debía tener consciencia de las consecuencias de sus actos.

"Es de notar que, al día de hoy, no hemos podido detectar ni una pizca de arrepentimiento de la licenciada Vázquez Garced por los hechos admitidos, circunstancia que este Tribunal no puede ni debe pasar por alto al aquilatar su proceder", indicó el Supremo.

El alto foro entiende que Vázquez Garced violó el canon 38 porque se apartó del deber ético de "exaltar el honor y la dignidad de la profesión legal".

En las opiniones de conformidad se expresaron los jueces Ángel Colón Pérez, y Erick Kolthoff, a la que se unió Mildred Pabón Charneco. 

"Ante la admisión de culpabilidad de la Lcda. Wanda Vázquez Garced por hechos cometidos cuando fungía incidentalmente como gobernadora de todos los puertorriqueños, unido a su total falta de introspección de lo que la llevó a la circunstancia en que se encuentra, estoy conforme con su suspensión inmediata e indefinida de la profesión legal", dijo Kolthoff."

"El no sancionar a esta última trivializaría la gravedad de la conducta exhibida por la señora Vázquez Garced y enviaría un mensaje de tolerancia frente a la corrupción ética dentro de la profesión legal puertorriqueña (...) Mediante conducta depravada, demostró no ser merecedora de la confianza pública ni del privilegio de ejercer el derecho en Puerto Rico", sostuvo, por su parte, Colón Pérez.

Vázquez, exfiscal y ex procuradora de las mujeres, juramentó a la gobernación en el 2019 por disposición constitucional, luego de la renuncia en medio de protestas masivas del entonces gobernador electo Ricardo Rosselló. En el 2020 buscó ser la candidata a ese puesto por el Partido Nuevo Progresista (PNP) pero fue derrotada por Pedro Pierluisi, quien eventualmente juró a la gobernación en 2021.

Eliminación de escoltas a exgobernadora tras opinión del Departamento de Justicia

Asimismo, en un desarrollo separado, el Negociado de la Policía de Puerto Rico ordenó la eliminación de los servicios de escolta asignados a Vázquez Garced, tras una directriz de la gobernadora Jenniffer González basada en una opinión legal del Departamento de Justicia que concluyó que no existe impedimento legal ni constitucional para revocar dicho beneficio. La determinación consideró, entre otros aspectos, que la exgobernadora no cumple con los criterios estatutarios para ser considerada "exgobernadora" bajo la Ley Núm. 2 de 1965, así como el alcance del poder discrecional del comisionado de la Policía en la asignación de escoltas.