Descarga el documento: Trump, President of the United States v. Hawaii et. al.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de la Orden Ejecutiva 13769, firmada por el presidente Donald Trump en el 2017, que restringe la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de países musulmanes.

El más alto foro federal falló a favor de la tercera prohibición de viaje promulgada por Trump desde que comenzó su término, y que afecta a Libia, Irán, Somalía, Siria y Yemen e impone restricciones a los venezolanos y norcoreanos desde el pasado septiembre.

La sentencia fue redactada por el juez John Roberts, y respaldada por los jueces Anthony Kennedy, Clarence Thomas Samuel Alito y Neil Gorsuch, en una votación de 5 votos a favor y 4 en contra. Stephen Breyer, Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg, disintieron. La decisión concluye que Trump ejerció legalmente su poder para suspender la entrada de extranjeros al país. Asimismo, indica que la decisión se tomó dentro del margen de su autoridad, y que no es discriminatoria si está basada en la necesidad de proteger al país.

«La decisión del Tribunal Supremo, no sorprende», señaló Stephen Yale-Loehr, profesor de Derecho Migratorio en la Universidad de Cornell, y quien presentara un amicus curiae en nombre de Hawái.

«Debido a que la inmigración afecta a la soberanía nacional y las relaciones exteriores, los tribunales generalmente han tenido deferencia con el Presidente en asuntos de inmigración», señaló Yael-Loehr.

Uno de los asuntos controversiales de este caso, lo fueron las expresiones hechas por Trump sobre los musulmanes mientras era candidato a la presidencia. Los demandantes las utilizaron como parte de su prueba para retar la prohibición.

El Juez Presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, rechazó ese argumento en su opinión mayoritaria y escribió que «el Presidente de los Estados Unidos posee un poder extraordinario para hablar con sus conciudadanos y en su nombre».

«Los demandantes argumentan que las expresiones del presidente chocan con los estándares fundamentales de respeto y tolerancia, en violación de nuestra tradición constitucional. Pero el problema que tenemos ante nosotros no es si denunciar las declaraciones, sino evaluar la importancia de esas declaraciones al revisar una directiva presidencial, neutral de su faz, que aborda un asunto dentro del núcleo de la responsabilidad ejecutiva», anotó en la opinión.