Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló hoy en contra de los aranceles que ha impuesto el presidente Donald Trump.

Descarga el documento: Learning Resources, Inc., et al. v. Trump, President of the United States, et al., 24-1287

En una opinión escrita por el juez presidente John Roberts, con votación dividida 6 a 3, se determinó que no procedía en derecho la interpretación que el presidente le estaba dando a la Ley federal de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), y en virtud de la cual el mandatario —sin autorización previa del Congreso— impuso aranceles a otros países para enfrentar, según alegaba, una "amenaza extranjera" por déficits comerciales.

Uno de los puntos medulares de la opinión es que la Constitución de Estados Unidos delega, en el artículo I, sección 8, la facultad contributiva en el Congreso, y por lo tanto no es una atribución inherente al presidente. Esa facultad puede ser delegada por el Congreso, pero es de esperarse que, de hacerlo, sea de forma clara y evidente, sin lenguaje "ambiguo".

"No pretendemos tener ninguna competencia especial en materia de economía o asuntos exteriores. Solo reivindicamos, como es nuestro deber, la función limitada que nos asigna el artículo III de la Constitución. En el pleno ejercicio de esa función, sostenemos que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles", reza la opinión de Roberts.

El alto foro fundamentó su decisión en múltiples consideraciones, desde el análisis histórico —con citas a Alexander Hamilton y James Madison en sus escritos fundacionales del siglo XVIII— hasta la ausencia de precedentes en los que otro presidente haya interpretado la IEEPA de esa manera en casi medio siglo de vigencia, así como en la letra clara de la ley en controversia.

"Basándose en dos palabras separadas por otras 16 en la sección 1702(a)(1)(B) de la IEEPA —«regular» e «importación»—, el presidente afirma el poder independiente de imponer aranceles a las importaciones de cualquier país, de cualquier producto, a cualquier tipo, durante cualquier periodo de tiempo. Esas palabras no pueden cargar ese peso", añadió la opinión mayoritaria.

Los demandantes son dos grupos: Learning Resources, que agrupa a dos negocios, y V.O.S. Selections, que incluye algunos estados y otros negocios.

Hubo dos opiniones disidentes, una del veterano juez Clarence Thomas y otra del juez asociado Brett Kavanaugh, a la que se unieron Thomas y Samuel Alito.

"Los aranceles en cuestión pueden ser o no una política acertada. Pero en cuanto al texto, la historia y los precedentes, son claramente legales", expresó Kavanaugh.

En su disenso, el juez Kavanaugh advirtió que la opinión de la mayoría "probablemente genera serias consecuencias prácticas", incluida la obligación de reembolsar miles de millones de dólares que saldrían del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El juez Neil Gorsuch emitió una opinión concurrente en la que advirtió que, al amparo de la doctrina de major questions, el presidente tendría que identificar una autorización legal clara para el poder extraordinario que alegaba le había sido delegado, lo que —según concluyó— no ocurrió en este caso.

"Los estadounidenses pelearon la Revolución (Guerra de Independencia) en cierta medida porque creían que quienes únicos tenían autoridad para imponer impuestos eran sus representantes electos, no el rey o el parlamento", escribió Gorsuch.

Por su parte, la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor y la jueza asociada Ketanji Brown Jackson se unieron a la opinión concurrente de la jueza Elena Kagan, quien discrepa del uso de la doctrina de major questions, pero coincide con el resultado alcanzado por la mayoría.

"La IEEPA otorga al presidente una autoridad significativa sobre las transacciones relacionadas con propiedades extranjeras, incluida la importación de mercancías. Pero en esa generosa delegación, hay un poder que brilla por su ausencia. Nada en el texto de la IEEPA, ni nada en su contexto, habilita al presidente para imponer aranceles de forma unilateral. Y, como es lógico, sin autoridad legal, los aranceles del presidente no pueden mantenerse", expresaron Kagan, Jackson y Sotomayor.

Trump impuso aranceles en los pasados 13 meses que van desde el 10% al 145%, afectando a docenas de países, incluidos Canadá, México y China.