El Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) decidió que el presidente Donald Trump tendrá que ampararse en un argumento que esté lejos de la inmunidad ejecutiva para evitar que le entreguen sus declaraciones de impuestos a un gran jurado en el condado de New York.

La decisión surge del caso Trump v. Vance.

Descargue Trump v. Vance

El resultado surge luego que la Fiscalía del condado de New York, actuando en nombre de un gran jurado, entregó una citación en el 2019 a Mazars USA, LLP —la empresa de contabilidad personal del presidente Donald Trump— para obtener los informes financieros (o declaraciones de impuestos) del presidente y sus empresas.

El presidente estadounidense, actuando a título personal, demandó al fiscal del distrito y a la compañía Mazars en el Tribunal Federal de Distrito, argumentando que un presidente en funciones goza de inmunidad absoluta frente a los procesos penales estatales en virtud del artículo II y de la cláusula de supremacía.

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El Tribunal de Distrito desestimó el caso basándose en la doctrina de abstención y, como alternativa, sostuvo que el presidente no tenía derecho a recibir medidas de protección.

El Segundo Circuito de Apelaciones rechazó la desestimación del Tribunal de Distrito, pero estuvo de acuerdo con la negación del tribunal sobre las medidas de protección.

El tribunal apelativo también concluyó que la inmunidad presidencial no impedía la orden de comparecencia y rechazó el argumento de que «una orden de comparecencia del gran jurado estatal en la que le solicitan documentos del presidente debe satisfacer una gran demostración de necesidad«.

El Supremo Federal concluyó que el artículo II y la cláusula de supremacía no excluye categóricamente o requiere un estándar más alto para la emisión de una citación criminal estatal a un presidente en funciones.

La opinión de la corte la escribió el juez presidente, John Roberts. Se le unió la jueza Ruth Bader Ginsburg, la jueza Elena Kagan, la jueza Sonia Sotomayor y el juez Stephen Breyer.

«In our judicial system, "the public has a right to every man’s evidence."1 Since the earliest days of the Republic, "every man" has included the President of the United States. Beginning with Jefferson and carrying on through Clinton, Presidents have uniformly testified or produced documents in criminal proceedings when called upon by federal courts», puntualiza la opinión mayoritaria escrita por el juez Roberts.

El juez Brett Kavanaugh presentó una opinión donde concurre con el resultado, pero no con los fundamentos. Se le unió el juez Neil Gorsuch. Ambos jueces fueron nominados por el presidente Trump.

«Because this case again entails a clash between the interests of the criminal process and the Article II interests of the Presidency, I would apply the longstanding Nixon "demonstrated, specific need" standard to this case», propone la concurrente de Kavanaugh.

Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas presentaron opiniones disidentes.

«If a sitting President were charged in New York County, would he be arrested and fingerprinted? He would presumably be required to appear for arraignment in criminal court, where the judge would set the conditions for his release», lee la opinión disidente.