Por Daniel Rivera Vargas

La jueza María Antongiorgi-Jordán ordenó, el pasado viernes, la restitución de tres miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera por entender que el presidente Donald Trump violó la ley.

"No puede haber una sociedad libre sin leyes administradas a través de una judicatura independiente. Si a un hombre se le permite determinar por él mismo qué es ley, entonces todos los hombres pueden. Esto significa primero caos, luego tiranía", expresa la jueza, citando a su vez un extracto de una opinión de 1947 de un juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

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La decisión es el resultado de una demanda presentada en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico el pasado 18 de septiembre y representa un revés para la administración Trump. En agosto pasado Casa Blanca ordenó súbitamente la destitución de seis de los siete miembros de la junta, organismo creado en 2016 por la ley federal PROMESA y compuesto por personas designadas por los dos partidos principales de Estados Unidos para supervisar el manejo de las finanzas del gobierno y su quiebra.

La jueza indica que la ley PROMESA le da al presidente la oportunidad de destituir a miembros de la junta, pero lo tiene que hacer "por justa causa", lo que no ocurrió en la orden de destitución de Trump, notificada a través del director adjunto de la oficina de personal del presidente, Trent Morse.  Y ese requisito de justa causa en la ley PROMESA implica que se debió articular esa causa al momento del despido, y en cumplimiento del debido proceso de ley de la Constitución de Estados Unidos se le debió dar la oportunidad a los destituidos de expresarse. Incluso la jueza dijo que hay jurisprudencia del Supremo federal de 1903 diciendo que un funcionario federal destituido "por causa" tiene derecho a una vista. Lo que no ocurrió aquí.

 "Todos, desde el presidente hacia abajo, están obligados por la ley... todos los funcionarios del gobierno, desde el más alto al más bajo, son criaturas de la ley, y están obligados a seguirla", dijo  Antongiorgi-Jordán

No es hasta que la jueza emitió una primera orden en este caso, que el pasado 26 de septiembre, más de un mes luego del despido, que los demandantes recibieron una comunicación donde se decía que la causa del despido era "ineficiencia, falta de efectividad, negligencia y fallar en adelantar el propósito estatutario de la Junta". Pero esto no fue suficiente para la jueza federal en su orden.

La jueza expresó tener "el mayor de los respetos por la Oficina del Presidente" y reconoce que la ley PROMESA le da mecanismos al presidente para destituir a miembros de la junta. Sin embargo, agrega la jueza, es una facultad a la que la propia ley le pone límites, como es el requisito de que el despido sea por una justa causa.

Solo tres de los siete miembros destituidos presentaron la demanda en conjunto, por lo que la orden -que les permite regresar a la junta- solo los abarca a ellos y no a los restantes integrantes destituidos. Los tres demandantes fueron el exjuez de quiebras Arthur J. González, el doctor Andrew C. Biggs y la doctora Betty A. Rosa, una destacada educadora de raíces puertorriqueñas residente en Nueva York.

La jueza Antongiorgi-Jordán celebró una vista el pasado lunes 29 y el viernes emitió su decisión. La demanda reclamaba un interdicto, una sentencia declaratoria y otros remedios legales. El presidente Trump era uno de los demandados.