Por el Lcdo. Manuel A. Quilichini

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) anunció los resultados de la reválida de abogados y abogadas celebrada el pasado mes de marzo. Se reveló que apenas un 22% de los aspirantes lograron aprobar la prueba. El resultado no sorprende mucho a los integrantes de la profesión y posiblemente pase mayormente desapercibido por la población general. Sin embargo, estos resultados nefastos son presagio de un cataclismo en el acceso a la justicia y la profesión legal en general.

Durante décadas los aspirantes a nuestra profesión han visto sus sueños truncados por un examen que consistentemente lo aprueba una tercera parte de los aspirantes. Luego de años de estudio, gastos considerables y rigurosa preparación para ser admitidos a la profesión, sus aspiraciones se estrellan contra la barrera casi insalvable de la reválida. La situación se agrava tomando en cuenta que, de no aprobar la reválida en seis oportunidades, un aspirante queda impedido de tomar la reválida nuevamente, no importa cuán preparado esté.

De entrada, muchos dirán que el problema estriba en la calidad de la enseñanza en las escuelas de derecho y otros cuestionarán la calidad de los estudiantes que son admitidos a dichos centros docentes.

Como egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y habiendo sido Profesor Adjunto de dicha facultad por los pasados 11 años, doy fe que muchos estudiantes inteligentes, capacitados y motivados, fracasan en la reválida. Por otro lado, la constante de que menos del 35% de los aspirantes apruebe la reválida año tras año, debe provocar suspicacia sobre las raíces del problema.

Recientemente se presentó una demanda en el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, impugnando la constitucionalidad del límite en el número de veces que se puede tomar el examen y de la reválida en só. A pesar de ser desestimada por haber sido presentada a destiempo, el tribunal reconoce la existencia de un problema con la reválida que, de no atenderse, le prestará un flaco servicio a los estudiantes de derecho y a la profesión legal.

¿Y qué importa si los aspirantes a la profesión se cuelgan?

Al país le debe importar por mucho. Hay más de 3,300 abogados y abogadas mayores de 65 años, por lo que podemos colegir que en los próximos años muchos dejarán la práctica por retiro, incapacidad o muerte. Mientras tanto, menos profesionales entrarán a la práctica para sustituirlos, reduciendo significativamente el tamaño del gremio.

Por otro lado, las escuelas de derecho de Puerto Rico están actualmente en incumplimiento con los estándares nacionales requeridos para mantener su acreditación de la American Bar Association (ABA). De las tres escuelas de derecho existentes en Puerto Rico, dos se encuentran en probatoria y la tercera en riesgo de ello.

La pérdida de acreditación será devastadora. En ausencia de escuelas acreditadas, los estudiantes de derecho no serían elegibles para préstamos federales para sufragar el costo de la matrícula. Los egresados de universidades no acreditadas posiblemente no sean elegibles para admisión al ejercicio de la profesión en otras jurisdicciones, no podrán cursar estudios conducentes a una maestría en derecho ni podrán trabajar como abogados o abogadas en el gobierno federal. Todas estas eventualidades requieren ser egresado de una escuela de derecho acreditada.

La merma en el gremio por estos factores traerá consigo serios problemas. A diario vemos personas que acuden a los tribunales sin representación legal a defender casos donde enfrentarán al abogado opositor, en un sistema que le es desconocido. Las estadísticas en los Estados Unidos reflejan que más del 90’% de las personas que comparecen sin representación legal, fracasará en el intento de salvaguardar sus intereses. Esta tendencia se agravará ante la escasez de abogados y abogadas. Algunos se beneficiarán inicialmente del aparente incremento en trabajo, hasta que se torne insostenible porque no podamos atender a todos los que necesiten nuestros servicios.

Encontrar una solución a este problema no será fácil. Las escuelas de derecho generalmente señalan como el problema principal el examen de reválida, mientras que la Junta Examinadora defiende reiteradamente el diseño de la reválida, sugiriendo además que el problema es otro ¿Quizás las escuelas de derecho? ¿quizás los estudiantes de derecho?

La solución debe surgir de una evaluación sosegada y detallada de todo el proceso de preparación del examen de reválida, su administración y su revisión. Este proceso debe incluir un estudio de la calidad de enseñanza y de los estudiantes admitidos a estudiar derecho. Debe consultarse profesionales y peritos en diversas materias que inciden en este tema y escuchar a todos las partes envueltas.

El primer paso debe ser el más difícil. El proceso de reválida vigente, según administrado por la Junta Examinadora, es inescrutable. Solo unos pocos pueden ver a su interior. La apertura es indispensable para la búsqueda de soluciones efectivas. La participación de las escuelas de derecho en el proceso de reforma es vital para así devolver la confianza a la reválida, por el bien de la profesión legal y del acceso a la justicia.

Pedimos al Tribunal Supremo de Puerto Rico, junto con las tres escuelas de derecho de Puerto Rico, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y la American Bar Association, que formen un grupo de trabajo para que haya un intercambio libre y abierto que identifique problemas o escollos, buscar ideas y presentar soluciones, para evitar que el cataclismo que se cierne sobre la profesión legal se haga realidad. La abogacía y el país en general no merecen menos.

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