Por Daniel Rivera Vargas

Una cámara de seguridad oculta en un poste es parte de los hechos esenciales de una controversia en Springfield, Massachusetts, pero podría ser usada por la Policía de Puerto Rico si el tema no es legislado, según un abogado entrevistado.

En el caso US v. Moore-Bush, la agencia federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) vigiló a Daphne Moore y a su hija Nia Moore-Bush por ocho meses desde una cámara de seguridad oculta en un poste al otro lado de la calle de su residencia.

Luego, y en parte con la evidencia obtenida de esas grabaciones, las autoridades federales radicaron cargos por narcotráfico y armas contra ambos.

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De acuerdo a una parte de la opinión de 129 páginas emitida esta semana por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, los abogados de defensa pidieron suprimir la evidencia relacionada con esas grabaciones por entender que era un allanamiento ilegal, y el juez de distrito les dio la razón.

Pero, el caso fue apelado por la fiscalía federal, y entonces el pleno de los jueces En Banc coincidieron en revocar al juez, pero por bases diferentes.

Tres de los jueces, que incluían al puertorriqueño Gustavo A. Gelpí, entendieron que el uso de esa cámara por ocho meses no era un allanamiento.

"Una agencia de ley y orden instaló sin una orden judicial, según lo permitía la ley, una cámara en un poste de servicios públicos en una calle pública para adelantar una investigación sobre el tráfico ilegal de drogas y armas de fuego desde una casa. La cámara proporcionaba una vista de ciertas partes del exterior del frente de la casa, aunque no la puerta principal, y el camino de entrada y puerta de garaje. Todas estas imágenes estaban totalmente expuestas al público", reza esta opinión que justificaba por completo las grabaciones.

Otros tres jueces, encabezados por el juez presidente David Barron, entendieron que era un allanamiento, pero que se justificaba a base de la excepción de "buena fe". "Conscientes del nuevo y valiente mundo que el uso rutinario de esa videovigilancia a largo plazo frente a un hogar podría provocar, estamos convencidos de que el gobierno realizó un allanamiento en el sentido de la Cuarta Enmienda cuando accede al registro que crea a través de vigilancia de ese tipo y, por lo tanto, las agencias de ley y orden deben cumplir con las limitaciones de esa Enmienda", sostuvieron.

Por ser un caso llevado ante el Tribunal de Apelaciones federal para el Primer Circuito, la incertidumbre que causa esta decisión -ante la división en partes iguales del circuito que permiten la grabación, pero por vías distintas- aplicaría a todos los territorios del circuito, que además de Massachusetts incluyen a Rhode Island, New Hampshire, Maine y Puerto Rico.

"Unos (jueces de Boston) piensan que es un ‘search’ (allanamiento) y otros te dicen que no es un ‘search’, esto crea un problema de ‘policy’ (política pública) enorme", dijo el litigante federal John Mudd.

La decisión, en teoría, podría permitir estos tipos de vigilancia por parte de la Policía de Puerto Rico, por lo que "esto es algo que quizá se deba legislar" para que estén claros los contornos aceptados del uso de esta tecnología, dijo el letrado.

"Hay montones de cámaras en Puerto Rico, en Estados Unidos, en China ni hablar... tú podrías argumentar que al ser usada por la Policía se convierte en agente del orden público... en otras palabras, ¿dónde para el ‘surveillance’ (vigilancia)?", dijo Mudd, quien recordó que la situación tiene un matiz adicional en Puerto Rico porque la Constitución de la Isla reconoce explícitamente "un derecho a la privacidad", explicó Mudd.

El Lcdo. Mudd recuerda que la Cuarta Enmienda es una práctica, que depende de los hechos, y que hay decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, como US v. Jones, donde se establece jurisprudencia relacionada con el uso de tecnología para la vigilancia policiaca.