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En este momento en que Puerto Rico discute la reforma de su sistema eléctrico, resulta importante traer a la mesa un elemento imprescindible para promover la transparencia y la justicia tarifaria: la creación de la Oficina del Defensor de los Consumidores.
No se trata de una réplica de la Oficina del Ombudsman, cuyos recursos son limitados y cuyos poderes se circunscriben a atender quejas y querellas de los consumidores. La Oficina del Defensor de los Consumidores es una entidad que representa el interés de los consumidores en los procesos tarifarios de la Comisión Reguladora, con poder para requerirle información a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y con los recursos y el conocimiento técnico para intervenir a favor de los consumidores en procesos tarifarios o en aquellos que tengan implicaciones ambientales.
45 estados de los EEUU tienen una oficina de este tipo. Su función es articular el interés del consumidor ante la Junta o Comisión Reguladora, y proveer un contrapeso necesario a los argumentos que presente la Autoridad de Energía Eléctrica. El Defensor de los Consumidores interviene a nombre de los consumidores en los siguientes procesos:
Como parte del trabajo que el Centro para una Nueva Economía ha estado realizando para precisar los parámetros que debe tener el marco regulatorio del sistema eléctrico en Puerto Rico, le comisionamos al Regulatory Assistance Project – un grupo destacado en Vermont experto en la industria eléctrica – un estudio sobre cómo desarrollar una Oficina del Defensor de los Consumidores para el sistema eléctrico en Puerto Rico.
Aquí compartimos el documento, que esperamos sea de utilidad en el desarrollo de la reforma energética en la Isla.
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