Por Daniel Rivera Vargas

La oferta de $3,000 millones para transar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no pondrá fin a la disputa con los acreedores de la corporación pública, y que el saldo final implica un aumento en la tarifa energética, dijo el abogado John Mudd.

Este estudioso de la ley federal para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) anticipó que podrían faltar años para ponerle fin a esta pugna que se encuentra en un proceso de mediación, pero como parte de un pleito judicial en la que hay varias controversias ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito.

"Eso ($3 mil millones) no va a ser suficiente para que los bonistas la acepten. Punto. Vas a tener que subir bastante más porque los bonistas entienden que ellos tienen un gravamen. Están subiendo porque la jueza (Laura Taylor) Swain se los pidió. Creo que (los bonistas) quieren $5 billones", indicó Mudd.

El martes 30 de junio, mediante comunicado de prensa, la Junta de Supervisión y Administración Financiera anunció la oferta de $3,000 millones, una que se presentó desde hacía un mes, el uno de junio, pero que indicaron que deseaban divulgar ahora el contenido de la propuesta "para públicamente revelar la oferta".

La Junta de Supervisión aseguró que esta oferta implicaba el 35% de la reclamación de $8,500 millones de los acreedores, un aumento respecto a la oferta original que era de 19% de esa deuda.

«Tenemos que resolver la quiebra de la PREPA», dijo en declaraciones escritas el director ejecutivo de la Junta de Supervisión, Robert F.Mujica, Jr. «Puerto Rico debe poder cerrar este último capítulo de su crisis fiscal y seguir adelante. Poner fin al caso del Título III de la PREPA es esencial para la recuperación de Puerto Rico —para contar con electricidad confiable y asequible y con las nuevas inversiones que sus residentes y empresas merecen. Seguimos creyendo que es posible

alcanzar una resolución consensuada, mediante mediación, de las disputas pendientes en el caso del Título III de la PREPA».

Mudd resaltó que la oferta divulgada de la Junta de Supervisión implica que se le tiene que pagar una cantidad en efectivo a los bonistas y no se indica de donde saldrá el dinero. Como el plan fiscal dice que AEE no puede pagar esa deuda, Mudd entiende que la solución sería un encarecimiento de la factura, algo que va a encontrar resistencia en la ciudadanía. 

"Yo pienso que es poco dinero lo que ofrece la junta, pero es irrelevante porque, ¿de dónde va a salir el dinero? de la tarifa, de la tarifa, ¿cuánto tú crees que se puede subir la tarifa? El buró (Negociado) de Energía subió un centavo, ¿cuánta gente está gritando? si le suben 3 a 5 centavos a la factura, como va a ser, ¿cómo van a reaccionar los negocios? El problema es que nadie quiere aceptar que cualquier acuerdo que hagan con la Autoridad (de Energía Eléctrica) va a requerir un aumento de tarifa", añadió.

Mudd entiende que la oferta de la Junta de Supervisión se revela un mes después que se realizó como "una cuestión de imagen" porque "hasta la junta está ‘playing politics’ (jugando a la política) con esto". Afirmó que, si el nuevo Congreso que comience en 2027, puesto que hay elecciones ahora en 2026, es como anticipa uno «lleno de comunistas", este grupo de nuevos congresistas "va a cuestionar lo que está pasando aquí" con la quiebra del gobierno de Puerto Rico, que acaba de cumplir 9 años.

Asimismo, Mudd entiende que por los varios pleitos pendientes ante el Tribunal de Apelaciones en Boston la disputa entre bonistas de AEE y la JUnta de Supervisión, quien negocia en nombre de la corporación pública, puede tardar por lo menos dos años más, y cree que el número de casos judiciales ante ese foro apelativo va a aumentar.

"Cualquier cosa que decida Swain la van a apelar", anticipó.