La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) emitió el 3 de diciembre de 2025 el primer conjunto de directrices internacionales para el uso ético de la inteligencia artificial (IA) por parte del poder judicial. La iniciativa busca orientar a los sistemas judiciales ante los desafíos éticos, jurídicos y procesales que representa la adopción de estas tecnologías emergentes.

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Herramienta internacional para salvaguardar la justicia en la era digital

Las directrices, elaboradas tras tres años de consultas con tribunales supremos, cortes constitucionales, ministerios de justicia, organizaciones jurídicas y agencias nacionales de IA, tienen como objetivo servir de marco para que los poderes judiciales incorporen tecnologías automatizadas sin menoscabar derechos fundamentales.

Más de 60 altos tribunales ya han respaldado el documento, que parte del reconocimiento de que la IA puede ofrecer beneficios reales —como mejoras en la eficiencia administrativa, gestión de casos y acceso a servicios legales— siempre que su implementación se realice dentro de parámetros legales y éticos estrictos.

Principales riesgos identificados

La UNESCO advierte sobre múltiples riesgos derivados del uso inadecuado o no regulado de la IA en el contexto judicial. Entre ellos se destacan:

• Evaluaciones automatizadas de credibilidad, basadas en expresiones faciales o tonos de voz, cuya fiabilidad científica es altamente cuestionable.
• Sistemas que predicen decisiones judiciales futuras mediante el análisis estadístico de fallos anteriores, lo que podría utilizarse para presionar o influenciar la actuación judicial.
• Falta de transparencia algorítmica, que impide a las partes conocer cómo se generan las recomendaciones, contraviniendo los principios de trazabilidad y explicabilidad que rigen el debido proceso.

Estos escenarios, según la organización, pueden comprometer seriamente la imparcialidad, independencia judicial y el derecho a un juicio justo.

Recomendaciones para preservar el juicio humano

Las directrices instan a que el uso de la IA en la judicatura se limite a funciones de apoyo, sin sustituir nunca el análisis humano en decisiones que afectan derechos sustantivos. Entre las recomendaciones principales se incluyen:

• Asegurar que todas las decisiones judiciales sean tomadas por jueces o juezas, no por sistemas automatizados.
• Prohibir el uso de IA para determinar la veracidad de testigos u otras partes procesales.
• Exigir que toda tecnología empleada sea transparente, auditable y comprensible para el público y los operadores jurídicos.
• Promover la formación técnica y ética del personal judicial sobre el uso responsable de la IA.

Asimismo, se propone la creación de marcos normativos específicos y mecanismos de supervisión independientes para controlar el uso de estas tecnologías en el entorno judicial.

Marco normativo complementario

Estas directrices forman parte del marco más amplio establecido por la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, adoptada por unanimidad por los 193 Estados miembros de la UNESCO en 2021. El nuevo documento se enfoca específicamente en la judicatura y constituye una extensión normativa orientada a preservar los principios del Estado de derecho en escenarios donde interviene la tecnología.

Implicaciones para los sistemas jurídicos

Si bien las directrices no tienen carácter vinculante, establecen estándares internacionales que podrían guiar la legislación interna de los Estados y servir de referencia para evaluar la validez de procesos donde intervenga la IA.

En jurisdicciones como Puerto Rico, su adopción requeriría armonización con los principios constitucionales del debido proceso, la igualdad ante la ley y la motivación judicial, así como la observancia estricta de las normas procesales vigentes.