Muchos delitos tienen un elemento técnico que permite a los fiscales presentar cargos a nivel federal: desde usar un teléfono para realizar negocios ilegales a través de líneas estatales hasta disparar un arma fabricada en un estado diferente. Recientemente, en Chicago surgió una situación en la que fiscales aplicaron esta normativa a una particular situación.

Un ex oficial de la policía de ese estado, William Whitley, fue acusado de tráfico de menores por pagar a una menor de 14 años para tener sexo. Según los fiscales federales que atendieron el caso, el uso de los condones Trojan y LifeStyles por parte de Whitley cuando pagó a una niña de 14 años por tener sexo, provocó que este incidiera ilegalmente en el comercio interestatal.

Debido a que los condones de las marcas antes mencionadas se fabrican fuera de Illinois, usarlos en el acto de un delito sexual potencial contribuyó a que los fiscales pudieran acusar a Whitley en la jurisdicción federal en lugar de la estatal.

Whitley se declaró culpable en el tribunal de un cargo de tráfico sexual de un menor. En el acuerdo de culpabilidad, los fiscales mencionan específicamente el uso del condón, indicando que «Whitley usó condones durante las relaciones sexuales comerciales con la Menor A» y «reconoce que los condones Trojan y los preservativos LifeStyles se fabrican fuera del estado de Illinois».

Hubo otros aspectos de las acciones de Whitley que afectaron el «nexo federal», incluido el uso de un teléfono celular para tomar fotos comprometedoras de dos niñas y usar dinero para pagarles, señalaron los fiscales.

Los mecanismos usados por los fiscales en el caso de Whitley, son utilizados usualmente para casos que involucran armas. En el caso de los condones de las marcas utilizadas por Whitley, son manufacturados en Tailandia y en la India. La corporaciones a su vez, están localizadas en Nueva Jersey, según un artículo publicado en Chicago Tribune.

«El desplazamiento de la pistola es análogo al viaje del condón», señaló Juliet Sorensen, profesora de Derecho de la Universidad Northwestern y ex fiscal federal. «La persona que apretó el gatillo no pudo haber viajado, pero el arma sí lo hizo. Es posible que este oficial de policía no haya viajado, pero sí un aspecto que usó para cometer el crimen», puntualizó.

Un cargo federal por el delito de tráfico sexual conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión, una distinción que puede haber sido importante para los fiscales, dijo Sorensen. Si Whitley hubiera sido acusado con el nivel más grave de delito sexual en un tribunal estatal, un delito de Clase X, el tiempo mínimo de prisión hubiera sido de seis años.