Por Daniel Rivera Vargas

Varios juristas expresaron reservas con una reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre asuntos migratorios.

La decisión Noem v. Vázquez Perdomo se emitió el pasado lunes 8 de septiembre. El alto foro frenó una orden de un juez de California que imponía restricciones a la capacidad de agentes federales de detener inmigrantes.

En esta controversia no se establece un precedente del alto foro, pero se emitieron dos opiniones, una concurrente del juez Brett Kavanaugh y una disidente de la puertorriqueña Sonia Sotomayor.

En el caso de Kavanaugh, aunque el caso se refiere exclusivamente a una decisión en California, exhortó a los jueces en general. Dijo que en casos donde se evalúen acciones del Poder Ejecutivo deben limitarse a examinar si operan "dentro de los confines de la Constitución y los estatutos federales".

En su análisis, Kavanaugh le da peso a factores como el tipo de trabajo que tiene la persona o su idioma.

"Que un agente tenga una sospecha razonable depende de la totalidad de las circunstancias. En este caso, esas circunstancias incluyen: que hay un número y porcentaje extremadamente alto de inmigrantes ilegales en el área de Los Ángeles (se estima que 2 millones, o el 10% de la población); que esas personas tienden a reunirse en determinados lugares para buscar trabajo diario; que esas personas suelen desempeñar determinados tipos de trabajos, como jornaleros, jardinería, agricultura y construcción que no requieren documentos y, por lo tanto, son especialmente atractivos para los inmigrantes ilegales; y que muchos de los que se encuentran ilegalmente en el área de Los Ángeles proceden de México o Centroamérica y no hablan mucho inglés... Según los precedentes de este Tribunal, por no mencionar el sentido común, esas circunstancias, consideradas en su conjunto, pueden constituir al menos una sospecha razonable de presencia ilegal en los Estados Unidos", expresó Kavanaugh.

Mientras, en su disidente, Sotomayor resumió las acciones de agentes del Servicio de Inmigracion y Aduana (ICE, por sus siglas en inglés) que surgieron en este caso. La jueza narró en su escrito como a veces esos funcionarios intervienen con sospechosos sin identificarse, a veces visitaban el mismo negocio de un latino en numerosas ocasiones, incurrieron en actos como "torcer brazos", "empujar contra paredes" y "llevar a centros de detención" a personas por sospechas de ser indocumentados, aunque luego probaban que eran ciudadanos de Estados Unidos.

Añadió la jueza que estos actos de ICE y permitidos por la mayoría con su opinión serían violatorios de la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que limita los poderes de arrestar y allanar de las autoridades, esto por basar su detención básicamente en raza.

Sotomayor también levantó bandera a que la forma de actuar del Supremo en los pasados 8 meses "circunvalando el proceso apelativo ordinario", incluyendo emitir órdenes sin fundamentarlas. "Hay situaciones que exigen una explicación como cuando el gobierno claramente está violando la ley", indicó.

"No debemos vivir en un país donde el gobierno puede arrestar a cualquiera que luzca latino, hable español o parezca que tiene un trabajo de bajo salario. Antes de permanecer sin hacer nada mientras se pierden nuestras libertades constitucionales, yo disiento", lee el escrito de 21 páginas de Sotomayor.

Las juezas asociadas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se unieron a la disidente de Sotomayor.

La decisión fue parte del "emergency docket", o "shadow docket" del Supremo. Sotomayor ha explicado recientemente que el llamado "shadow docket" es una herramienta que le permite al tribunal intervenir en casos cuando aún no hay decisiones finales en tribunales inferiores. En este caso de California, la decisión se circunscribe a la orden del juez y no pone fin a la totalidad del pleito. Sotomayor se encuentra en estas fechas concediendo entrevistas a medios estadounidenses por su más reciente libro titulado "Just Shine!: How to Be a Better You,", uno infantil enfocado en su madre.

Por su parte, la licenciada Noeli Pérez, asesora legal atendiendo remedios migratorios para el Centro de la Mujer Dominicana y actual presidenta de la Comisión de la Mujer del colegio de abogados y abogado, dijo que la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sorprende por el lenguaje que usa y ocurre en momentos en que las circunstancias actuales para muchos inmigrantes son "terrible" y "de desespero".

"Realmente la opinión (concurrente de Kavanaugh) es indignante", dijo Pérez. "Suscribimos completamente lo que ella (Sotomayor) menciona. Pensamos que esto parece una realidad alterna en términos de derecho y en términos constitucionales. Esto literalmente legítima que se detenga a personas por su lenguaje, por cómo se ven, en donde trabajan", expresó.

Aunque reconoció que la decisión no resuelve la controversia en su totalidad que se está planteando en California, la letrada lamentó la postura asumida por el alto foro. Pérez recordó que la mayoría de sus integrantes representan una visión conservadora.

"Por la composición del Supremo es preocupante. Esto tiene unas implicaciones constitucionales tan serias. Se presta para la discriminación. Un análisis de totalidad de las circunstancias bien amplio en lo que es sospecha razonable", indicó Pérez.

En su caso, que trabaja con mujeres que enfrentan violencia de género, este tipo de decisión tiene un efecto lamentable. Dijo que, por temor a ser intervenidas por agentes de inmigración, víctimas inmigrantes de delitos no buscan las ayudas a las que tienen derecho bajo estatutos federales y estatales. "Este tipo de cosas coloca a en un nivel de vulnerabilidad tremendo a las sobrevivientes de violencia", añadió.

Pérez fue enfática en que las víctimas inmigrantes tienen derechos, también las cobija la ley, y pueden -y deben- buscar ayuda para salir de peligros a su vida y seguridad.

Asimismo, la licenciada Pérez dijo que la luz verde recibida por el tribunal a los agentes de inmigración para este tipo de intervenciones implica que aumentarán las mismas. Esto ocurre en momentos en que no hay incluso espacio actual físico para retener a estas personas detenidas.

"A mí me preocupa también como el sistema van a aguantar esto, ya que eso centros de detención de inmigrantes van a estar llenos. Esto abre la puerta a más violaciones de derechos humanos de estas personas detenidas", sostuvo.

Pérez agregó también que la orden "permite el ‘racial profiling’" porque es "demasiada amplia la discreción" de los agentes. "Les da carta blanca a la discriminación", añadió.

Por su parte, Carlos Chévere, abogado y profesor adjunto en St. Mary’s University School of Law, en San Antonio, Texas, indicó que el ‘racial profiling’ implica usar "las características físicas de una persona para pensar que la predispone para una acción específica".

El profesor Chévere dice que la opinión se aleja "de lo que sería un marco jurídico ordenado" porque propone una doctrina de la cuarta enmienda que permite las intervenciones "por cuestiones migratorias". El letrado entiende que el resultado es "absurdo" porque "los derechos aplican en todo momento".

"La disidente de Sotomayor fue muy buena en ir al punto de que ella critica la distinción formalista que hace la mayoría", dijo Chévere, aunque recordó que no se trató de una decisión del pleno.

Se trata de una distinción que afecta en diversos niveles de la sociedad. "Por ejemplo, si me preguntas a mí, para viajar a Estados Unidos yo tendría que viajar con mi pasaporte", sostuvo.