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Víctimas de violencia doméstica no se quedarían sin servicios básicos

08 de mayo de 2023
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La senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Ada García Montes, radicó un proyecto de ley que busca proteger a las víctimas de la violencia doméstica al garantizar que tengan acceso a servicios esenciales, independientemente de su situación económica.

Específicamente, el Proyecto del Senado 1188 propone crear un programa que garantice que las víctimas de violencia doméstica tengan acceso a servicios básicos como agua, electricidad y vivienda, y que no se les prive de estos servicios debido a la falta de pago.

Lee la medida aquí

La pieza legislativa enmiendaría la Ley Orgánica del Departamento de la Familia.

La exposición de motivos del proyecto de ley destaca que la violencia doméstica no se limita a la violencia física, sino que incluye otros tipos como la violencia económica. Menciona que la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y vivienda puede ser un factor que impide a las víctimas abandonar estas relaciones y consecuentemente, sus hogares.

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El proyecto busca establecer un programa en el Departamento de la Familia para garantizar el acceso a estos servicios a las víctimas de violencia doméstica y evitar que sean privadas de ellos por falta de pago.

Para implementar este programa, el Departamento de la Familia reasignará fondos a la División de Protección de Servicios Esenciales para Víctimas de Violencia Doméstica. La División será la encargada de administrar el programa y garantizar que las víctimas tengan acceso a los servicios esenciales durante un máximo de 24 meses a partir de su inscripción en el programa.

Para ser elegible, la parte peticionaria deberá cumplir con ciertos requisitos, como presentar una orden de protección vigente, demostrar necesidad económica y no vivir con el agresor.

Además, se llevará a cabo una revisión periódica de la elegibilidad cada 8 meses y, si la División encuentra que la persona participante no cumple con los requisitos, se notificará a la persona sobre la terminación de los beneficios del programa.

Si se cometiese fraude contra el programa, la persona tendrá que restituir el monto total de los fondos utilizados indebidamente y no tendrá derecho a participar del programa en el futuro. El Departamento de la Familia investigará y determinará si hay alguna infracción de fraude y tomará medidas para recuperar los fondos y presentar los cargos correspondientes.

La pieza legislativa fue referida a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado.

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