La senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Ada García Montes, radicó un proyecto de ley que busca proteger a las víctimas de la violencia doméstica al garantizar que tengan acceso a servicios esenciales, independientemente de su situación económica.

Específicamente, el Proyecto del Senado 1188 propone crear un programa que garantice que las víctimas de violencia doméstica tengan acceso a servicios básicos como agua, electricidad y vivienda, y que no se les prive de estos servicios debido a la falta de pago.

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La pieza legislativa enmiendaría la Ley Orgánica del Departamento de la Familia.

La exposición de motivos del proyecto de ley destaca que la violencia doméstica no se limita a la violencia física, sino que incluye otros tipos como la violencia económica. Menciona que la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y vivienda puede ser un factor que impide a las víctimas abandonar estas relaciones y consecuentemente, sus hogares.

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El proyecto busca establecer un programa en el Departamento de la Familia para garantizar el acceso a estos servicios a las víctimas de violencia doméstica y evitar que sean privadas de ellos por falta de pago.

Para implementar este programa, el Departamento de la Familia reasignará fondos a la División de Protección de Servicios Esenciales para Víctimas de Violencia Doméstica. La División será la encargada de administrar el programa y garantizar que las víctimas tengan acceso a los servicios esenciales durante un máximo de 24 meses a partir de su inscripción en el programa.

Para ser elegible, la parte peticionaria deberá cumplir con ciertos requisitos, como presentar una orden de protección vigente, demostrar necesidad económica y no vivir con el agresor.

Además, se llevará a cabo una revisión periódica de la elegibilidad cada 8 meses y, si la División encuentra que la persona participante no cumple con los requisitos, se notificará a la persona sobre la terminación de los beneficios del programa.

Si se cometiese fraude contra el programa, la persona tendrá que restituir el monto total de los fondos utilizados indebidamente y no tendrá derecho a participar del programa en el futuro. El Departamento de la Familia investigará y determinará si hay alguna infracción de fraude y tomará medidas para recuperar los fondos y presentar los cargos correspondientes.

La pieza legislativa fue referida a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado.