El pasado 18 de enero de 2018, la Junta Editora de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico celebró el conversatorio La reforma contributiva federal y su efecto en Puerto Rico, en el que el profesor y abogado Carlos Díaz Olivo y las contadoras Denisse Flores y Teresita Fuentes abordaron los distintos aspectos de la reforma contributiva federal recientemente aprobada por el Congreso de Estados Unidos.

El pasado mes de diciembre, el Congreso de Estados Unidos aprobó la revisión más significativa a su código tributario en 30 años, entre otras cosas, reduciendo el impuesto tributable de las ganancias de las empresas a un 21%, otorgando a los dueños de negocios una nueva exención fiscal del 20% sobre sus utilidades y cambiando la forma en que se cobran tributos a las multinacionales.

El conversatorio fue moderado por el profesor Carlos Díaz Olivo, quien proveyó inicialmente el contexto histórico de la tributación en Estados Unidos y de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, sobre la que puntualizó "es esencialmente un problema de naturaleza contributiva".

"El rollo del derecho y la tributación internacional de los ingresos por parte de Estados Unidos, parte de sus experiencias con las posesiones y su experiencia con Puerto Rico. En 1921, se aprueba una ley de contribuciones sobre ingresos en Estados Unidos y se adopta la sección 262. Esa sección decía que las corporaciones que se organicen en las posesiones de Estados Unidos, esos ingresos no hay que tributarlos en Estados Unidos. Esa sección es ‘la mamá’ de la eventual sección 931 y 936, que fueron las bases para permitirle a Puerto Rico traer empresas a que se establecieran en Puerto Rico y no tenían esas empresas, esencialmente que tributar, en los Estados Unidos porque estas disposiciones las eximían", explicó Díaz Olivo.

Según el también analista político, en ese momento, el gobierno de Puerto Rico aprovechó ese tratamiento preferente y aprobó la ley de incentivos tributarios, adoptando una política de baja tributación o tributación parcial, que fue de gran atractivo a las empresas, que no tenían que tributar ni a nivel local ni federal. Por ello, muchas empresas comenzaron a bifurcar sus operaciones, comenzando el desarrollo de sus productos y patentes en Estados Unidos, pero llevando a cabo la explotación económica que generaba ingresos en Puerto Rico y otras jurisdicciones que copiaron la exitosa iniciativa –como Irlanda y Singapur—en las que no tenían que tributar.

Este fenómeno generó críticas y resentimiento de parte del sector económico, que argumentaban que Estados Unidos sostenía un "mantengo corporativo". Dichas críticas alcanzaron al sector político, provocando que parte importante de la campaña del hoy presidente Donald Trump, fuera la promesa de lograr que estas compañías volvieran nuevamente a Estados Unidos, logrando un sistema contributivo más atractivo o haciendo más oneroso que estas empresas operaran fuera de Estados Unidos. De ahí surge esta reforma contributiva.

Según la contadora Denisse Flores, quien es socia de la firma Pricewaterhouse Coopers, "todavía está por verse si el presidente Donald Trump logra los objetivos de la reforma contributiva, ya que las empresas no solo toman decisiones por factores contributivos, sino por otros factores como la macroeconomía".

Para Flores, quien tiene amplia experiencia de consultoría contributiva a empresas, ya era hora de que la ley contributiva en Estados Unidos se actualizara, pues, por ejemplo, la tasa contributiva de las corporaciones estaba muy alta en comparación con otros países como Francia y Alemania. En estos países, el promedio es de un 20% a un 25%, mientras que la tasa contributiva federal estaba en un 35%, que junto a la contribución de los estados subía a un 40%.

La contadora explicó que Puerto Rico cayó en una especie de "fuego cruzado", ya que la ley está diseñada para competir con países foráneos, y Puerto Rico, en materia contributiva es considerado precisamente un país foráneo.

Pero, ¿cuáles son las disposiciones que podrían afectar a las operaciones de compañías matrices que radican en Estados Unidos y que tienen filiales en países foráneos, como Puerto Rico?

Según Flores, antes existía un régimen global bajo el cual las compañías tenían que tributar lo que sus filiales generaran a un 35%. De ahora en adelante, se adopta un régimen territorial en el que las compañías solo tributarán lo que generan las compañías matrices en Estados Unidos. Sobre lo que se generó antes de la reforma, la misma permite que las compañías hagan un cálculo de sus ganancias globales de todas las filiales y ese número "a salto", se va a considerar como distribuido; se pagará entonces en la próxima planilla que puede ser inmediatamente o a ocho años. La tasa no será de 35%, sino de un 15.5% para efectivo o equivalentes de efectivo, y otros activos que no lo sean, a un 8%.

Flores también explicó que es muy posible que esto genere actividad económica en Estados Unidos, pues las compañías están ávidas de repatriar ese dinero para comprar, invertir y llevar a cabo investigación y desarrollo en Estados Unidos.

Por otro lado, se impondría a la matriz una contribución llamada, "guilty tax", que de alguna forma le penaliza por tener una filial fuera de Estados Unidos.

"Efectivamente lo que ocurre que la entidad que se preciaba de decir que el impuesto en Puerto Rico era un 4%, pues ya no es así. Visto globalmente, es un 4% pero a la matriz se la subieron a 10.5%. Por ejemplo, el de Irlanda es 12.5%. Nos estamos acercando a Irlanda. Ésta es una de las medidas que más daño nos hace a nuestra competitividad".

De otra parte, también se provee un incentivo para las compañías que mantengan las intangibles en Estados Unidos y las exploten en Estados Unidos. A estas se les va a conceder una deducción adicional en su planilla de contribución sobre ingresos de un 37.5% adicional, relacionado a la explotación de esa intangible.

Finalmente, Flores puntualizó que las compañías que deben preocuparse son las farmacéuticas y manufactureras que están en Puerto Rico en un régimen preferencial, que tributan desde un 0% hasta un 4%, 5% o 7 % y que su matriz esté en Estados Unidos. Todas las disposiciones de la nueva reforma contributiva serán aplicables a estas. Se verán afectadas, de manera directa o indirecta.

"Los departamentos de impuestos no toman decisiones mirando jurisdicciones, sino a nivel global. Ciertamente el tema es que ahora cuando nos comparamos con Irlanda, Singapur y otras jurisdicciones y que nuestra punta de lanza era nuestra tasa contributiva que es de un 4%, pues ya ese discurso hay que cambiarlo y hay que ser más competitivos en otras áreas. Con relación a Estados Unidos, aunque ellos lo bajaron al 21 y nosotros estamos subiendo al 10.5%, seguimos siendo competitivos, la masa crítica está aquí y la inversión está en Puerto Rico. Con relación a Estados Unidos, quizás todavía tenemos un "edge", tenemos nuestra ventaja, pero cuando miramos otros países alrededor, foráneas como Irlanda y demás, ya en materia contributiva estamos más o menos igual. De manera que si miramos el costo de la energía, María (huracán), pues se hace definitivamente un poco más complicado", finalizó.

Por su parte, la contadora Teresita Fuentes explicó que las posibles repercusiones de la reforma sobre Puerto Rico son "serias y preocupantes" y entiende que el gobierno debe ser estratégico y repensar nuestro modelo económico, a la vez que tiene que atender los problemas económicos que "viene arrastrando la isla".

"No es pequeña la tarea que tenemos", sentenció.

Según Fuentes, en Puerto Rico se está trabajando un borrador de reforma en la que se prevé presentar una reducción en tasas. Dicho proceso podría comenzar en los próximos meses. Sin embargo, la funcionaria del Departamento de Hacienda también puntualizó que la deuda de Puerto Rico es una gran barrera para que el país pueda mejorar su competitividad a nivel económico. Por ello, una de las prioridades del gobierno debe ser precisamente atender la deuda con un plan fijo, que no sea alterado por los cambios en el gobierno, explicó.

"Tenemos que mejorar la imagen de Puerto Rico y nuestra credibilidad que está bastante lacerada. En Puerto Rico, se cambia demasiado la legislación. Las compañías planifican y hacen proyecciones para 2, 5 y 10 años, como hacen la mayoría de las empresas. En la medida en que sigamos cambiando las reglas del juego, laceramos esa credibilidad. Tenemos que hacer un plan y adherirnos a ese plan. Cada cuatro años que cambia el gobierno, la administración viene con otro plan. Irrespectivamente de los cambios políticos, hay que adherirse a un plan y seguirlo", subrayó.

Por otro lado, entiende que el gobierno debe ser analítico en los incentivos que da y debe analizar si realmente es necesario tener tantas leyes de incentivos y créditos contributivos. Asimismo, entiende que se deben revisar los procesos para simplificarlos y atender el gran problema de evasión contributiva que sufre el país.

"Necesitamos una reforma contributiva que no solamente revise las tasas. Ciertamente, algún ajuste tenemos que hacer para mantenernos competitivos. Pero quizás más importante es la simplificación de nuestros procesos. Cuando yo estaba en la empresa privada, la queja de nuestros clientes era sobre lo complicado de los procesos, la cantidad de registros… Muchas veces compañías deciden no abrir operaciones aquí para no tener que bregar con nuestros registros. Tenemos que eliminar todas las distorsiones que tiene nuestro sistema contributivo. También hay que atender la cantidad de evasión. Si todo el mundo estuviera pagando la justa carga que tiene que pagar, Puerto Rico tendría mucho más recaudo que el que está recibiendo ahora».