Por Daniel Rivera Vargas

En el más reciente desarrollo de un caso que podría tener repercusiones directas en Puerto Rico, en particular en la Junta de Supervisión y Administración Financiera, varios jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos expresaron escepticismo con el poder ejercido recientemente por el presidente para despedir a ciertos funcionarios.

El pasado miércoles se celebró en Washington D. C. la vista oral en el caso Donald J. Trump v. Lisa Cook. La gobernadora de la Reserva Federal, un ente independiente en el gobierno de Estados Unidos, impugna la súbita decisión del presidente de destituirla de su puesto, alegando que la mujer cometió un fraude hipotecario.

Durante el proceso, que se extendió por unas dos horas, los nueve jueces y juezas asociados del Supremo cuestionaron a los representantes legales de la administración Trump y de la gobernadora Cook, con preguntas cargadas de cuestionamientos a estos recientes ejercicios de poder por parte de la Rama Ejecutiva.

El licenciado Carlos Chévere Lugo, profesor de Derecho en la Universidad de St. Mary’s, en Texas, indicó que tras repasar las transcripciones oficiales de la vista puede anticipar que la mayoría de los jueces se inclina a fallarle en contra al presidente.

"Creo que, a diferencia de otros casos donde le han permitido al presidente botar a otros jefes de agencia sin ningún tipo de límite, en este caso no. Por lo que pude leer de las transcripciones, la mayoría de los jueces se mostraron escépticos de que Trump remueva a Cook de la Junta de la Reserva Federal. Los tres liberales están en contra y varios conservadores, (Brett) Kavanaugh se mostró escéptico, (Amy Coney) Barrett se mostró escéptica", comentó Chévere Lugo.

Factor crucial aquí es la falta de una justificación legal para el despido, la "justa causa", más allá de unas expresiones genéricas de un asunto que no está probado de un alegado fraude en algún momento de la trayectoria de la funcionaria. "Como (la puertorriqueña) Sonia Sotomayor dice: esas representaciones (en un trámite hipotecario) ocurrieron antes de que ella (Cook) ocupara el puesto y no fueron en su capacidad oficial. Y lo más que discutieron fue el concepto de justa causa. Si el Ejecutivo tenía el poder de botar a la gobernadora Cook sin justa causa. Él hizo una carta en Truth Social mostrando que ella ha hecho (supuestas) falsas representaciones en su ‘mortgage’, pero la pregunta es si eso es justa causa o no (para despedirla)", afirmó.

Así que, en opinión de Chévere Lugo, son por lo menos cinco de los nueve jueces en contra de la postura de Trump, pero pudieran agregarse otros conservadores, como Samuel Alito, quien criticó argumentos tanto de Cook como de Trump. La votación final podría ser 6 a 3 o incluso 7 a 2, dijo.

"Veo al Supremo confirmando lo del tribunal inferior, que restituyó a la gobernadora Cook", agregó.

El matiz de este caso para Puerto Rico es que Trump despidió súbitamente a la mayoría de los siete miembros de la Junta de Supervisión de forma similar a como hizo con Cook. Entre los miembros de la junta cesanteados están Arthur J. González, Cameron McKenzie, Betty A. Rosa, Juan A. Sabater y Luis A. Ubiñas.

Ya varios de los exintegrantes demandaron y prevalecieron en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por entender que el despido se hizo en contravención a lo que dice la ley federal PROMESA, que permite los despidos pero si media una "justa causa", algo inexistente en la acción de Trump.

"Todos, desde el presidente hacia abajo, están obligados por la ley... todos los funcionarios del gobierno, desde el más alto al más bajo, son criaturas de la ley, y están obligados a seguirla", dijo la jueza del caso, María Antongiorgi-Jordán. Los tres demandantes fueron el exjuez de quiebras Arthur J. González, el doctor Andrew C. Biggs y la doctora Betty A. Rosa, una destacada educadora de raíces puertorriqueñas residente en Nueva York.

Sin embargo, en medio del trámite apelativo iniciado por la administración Trump, el caso se encuentra a la espera de ver los lineamientos del Supremo en esta controversia de Cook, por los paralelismos con el pleito de los miembros de la JSF.

La decisión del alto foro debe emitirse antes del próximo 30 de junio, y entonces sus lineamientos pudieran usarse en el caso de la JSF.

Para Chévere Lugo, esto quiere decir que se va a reforzar el caso de los miembros de la junta cesanteados, porque tienen un caso más sólido que el de la gobernadora Cook.

"En el caso de los miembros de la junta, tienen la protección de la justa causa por vía estatutaria; el estatuto de la ley PROMESA dice que, para remover a un oficial, tiene que haber justa causa. No es un poder ejecutivo un poco abstracto, como en el caso de la Reserva Federal, que hay un argumento de si es una agencia o no del Ejecutivo; es una protección más estatutaria", sostuvo Chévere Lugo.

"Como la ley PROMESA dice que se requiere justa causa, eso favorece más a los miembros de la Junta", dijo.

Agregó, sin embargo, que esto no quiere decir que los seis miembros de la JSF regresarían, porque solo tres presentaron la demanda, por lo que los restantes tres pudieran no ser beneficiados con una decisión judicial a su favor.