Por Daniel Rivera Vargas

Aunque en el pasado casos similares han recibido "deferencia", la exgobernadora Wanda Vázquez Garced podría ser disciplinada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que no vuelva a ejercer la abogacía, a pesar de haber sido indultada por el presidente Donald Trump.

Según el profesor de ética de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Guillermo Figueroa Prieto, a pesar de que se trata de un indulto presidencial, no tiene duda de que el Supremo, si desea, puede obviar el indulto y privar de ejercer la abogacía a Vázquez  Garced, una exfiscal y exsecretaria de Justicia. Prácticamente todos los exgobernadores de Puerto Rico de este siglo que han sido abogados han retornado a la profesión jurídico luego de salir de Fortaleza. 

"El tribunal siempre ha reiterado que su poder disciplinario no está sujeto a lo que haga el Ejecutivo y el Legislativo. Esa es su línea al resolver casos disciplinarios. Ni siquiera están obligados por lo que hagan tribunales de instancia y apelaciones. Su poder es plenario sobre la disciplina", dijo el catedrático.

Sin embargo, a pesar de las reiteradas expresiones de que su poder disciplinario no tiene que circunscribirse a otros poderes, al final de sus deliberaciones la tónica del ejercicio decisional cambia, según explicó el profesor.

Indicó que el tribunal tiene tres precedentes en su historial de abogados indultados, siendo el último abogado indultado el exsenador Rolando Silva. En este caso (162 DPR 105), el exsenador del Partido Nuevo Progresista fue acusado de utilizar para su beneficio personal los trabajos y servicios pagados por el Gobierno de Puerto Rico para realizar trabajos  y servicios relacionados a su práctica privada de la  abogacía y su negocio de bienes  raíces. Luego de declararse culpable, fue indultado por el entonces gobernador Pedro Rosselló.

Los casos anteriores fueron el de un exjuez de apellidos Rodríguez Zayas (151 DPR 545), y el caso original se llama In re Casablanca, de hace más de un siglo, de 1922, dijo Figueroa Prieto.

"En los tres, el Tribunal ha dicho lo mismo: ‘El indulto no borra el acto por el que el indultado fue convicto de delito. Y es por esa conducta y no por el indulto, esa conducta lo que se considera en los casos disciplinarios’. Pero, ¿qué pasa? Después que ha dicho eso, en todos los casos, luego de hablar sobre su poder disciplinario, dice: ‘Pero dando deferencia a lo que hace el gobernador’, archiva la queja. ‘Pero prospectivamente bregaremos de otra manera’ y la cuestión es que han bregado igual", reflexionó Figueroa Prieto.

Señaló que el poder disciplinario del Supremo se puede usar en cualquier abogado, aunque esté inactivo en la práctica. La forma en que no podrían disciplinar a un letrado es si este ya ha hecho el trámite de darse de baja de la profesión, que implica una declaración bajo juramento de que esa persona no practica la notaría o la abogacía.

El profesor mencionó que también habría que ver si el indulto presidencial tiene de alguna forma el efecto de alterar el proceso tradicional con el que el tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico notifica al Tribunal Supremo de Puerto Rico que tiene una condena contra un abogado. Esto se hace mediante una certificación de la secretaría del tribunal federal, que da notificación formal al foro estatal del proceso penal.  

"Si la secretaria  de la corte federal no ha enviado la certificación, la pregunta es porque no lo ha hecho", sostuvo.

Si el Supremo recibe la certificación de secretaría federal como de costumbre, entonces el proceso es que el Supremo emite una orden de mostrar causa al abogado para que diga por qué no debe ser suspendido de la profesión. "Si el abogado dice no me suspendan porque voy a apelar, pues el tribunal suspende provisionalmente", indicó el profesor.

Entonces puede ocurrir como en el caso de Luis Dubón, que el apelativo confirmó su sentencia y quedó suspendido formalmente de la abogacía, o el caso contrario, el del senador novoprogresista Héctor Martínez, quien al prevalecer en el Tribunal de Apelaciones de Boston, y serle revocada su condena ante el juez Francisco Besosa, recuperó su licencia de abogado.

El presidente Trump concedió un perdón "pleno e incondicional" a Vázquez Garced, quien ya se había declarado culpable de participar en un fraude de extorsiones millonario en el que figuraron como coacusados un agente del Negociado Federal de Investigaciones y un banquero venezolano. La política puertorriqueña endosó a Trump en sus aspiraciones como candidato del Partido Republicano, al que ambos pertenecen.