La Junta de Supervisión ordenó cancelar el contrato de $5.9 mil millones tras conocer que Enchanted Rock alegó que su nombre y firma fueron utilizados sin autorización. [Más…]
Tribunal Supremo revoca a CIPA por excluir 22 fotografías en un caso sobre la expulsión de un agente de la Policía por violencia de género. [Más…]
El Lcdo. Donald R. Milán Guindín analiza cómo las redes sociales, la inteligencia artificial y las transmisiones de procesos judiciales mediante PECAM plantean nuevos retos en torno a la publicidad excesiva y el derecho de las personas acusadas a un juicio justo e imparcial. [Más…]
La gobernadora Jenniffer González Colón firmó un proyecto de ley para enmendar la Ley de Navegación y Seguridad Acuática, permitiendo al DRNA extender temporalmente los permisos de navegación cuando el NVDC no pueda emitir certificados debido a situaciones extraordinarias. Esto busca evitar sanciones a propietarios y apoyar la economía costera. [Más…]
Crearán Scholarship Endowment Fund para otorgar becas a estudiantes. [Más…]
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmó un proyecto de ley a los fines de actualizar la política pública ambiental del País en cuanto al manejo de residuos electrónicos. La pieza legislativa, de la autoría de la senadora Nitza Morán Trinidad, tiene como propósito incluir en el marco regulatorio de la Ley 18-2012, conocida [Más…]
Ley Núm. 166-2026 protege establecimientos residenciales supervisados por el Departamentode la Familia durante emergencias en Puerto Rico. [Más…]
En esta columna de opinión, la Lcda. Karla G. Mercado Rivera, administradora y principal oficial de Compras de la Administración de Servicios Generales, aborda la implementación del módulo financiero del ERP en el Gobierno de Puerto Rico, los problemas identificados y los ajustes necesarios para atenderlos. [Más…]
Segunda de tres columnas de la CPA Loreana González-Lazzarini sobre conflictos de interés, responsabilidad del pass-through y el riesgo que sobrevive al cierre de un programa. [Más…]
Corporaciones públicas tienen 30 días para apelar una sentencia, frente al término de 60 días aplicable al Gobierno y ciertas dependencias. [Más…]