En esta columna, la Lcda. Daisy Calcaño López examina los cambios introducidos por la Ley 82-2026 al régimen de permisos, la legitimación activa y los requisitos para solicitar la paralización de proyectos en Puerto Rico. [Más…]
La medida enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, conocida como Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, y dispone vigencia inmediatamente después de su aprobación. [Más…]
Se propone reconocimiento automático de sentencias de tribunales estatales de Estados Unidos. [Más…]
La Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes evalúa en vistas públicas dos proyectos de ley que buscan establecer un seguro de responsabilidad obligatorio para embarcaciones de motor en Puerto Rico. Las agencias gubernamentales y la aseguradora designada expresaron reservas sobre la viabilidad operacional y financiera de las medidas. El Proyecto [Más…]
Por el Lcdo. Donald R. Milán Guindín Entre abogados suele decirse que los casos deben ganarse o resolverse a nivel de instancia. Esa expresión obedece a un reconocimiento de las vicisitudes del trámite apelativo, particularmente en el ámbito penal. Recurrir de una determinación adversa a un foro revisor requiere conocimiento sustantivo sobre la materia en [Más…]
La política de la Escuela de Derecho de UC Berkeley, efectiva en verano de 2026, prohíbe el uso de inteligencia artificial para redactar, revisar, traducir o editar trabajos académicos, así como para cualquier propósito en exámenes. [Más…]
El Supremo aclara que un recurso apelativo no debe desestimarse cuando fue presentado físicamente dentro del término jurisdiccional, aunque su radicación electrónica en SUMAC-TA ocurra después por fallas técnicas no atribuibles al sistema judicial. [Más…]
El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico respalda el P. del S. 1024 para modernizar la admisión a la abogacía y revisar la reválida en Puerto Rico. [Más…]
El alto foro aclara el alcance de la deferencia administrativa cuando una agencia adopta el informe preparado tras una vista adjudicativa. [Más…]
Extender dicha exención hasta los cinco años representaría un alivio económico y administrativo para los consumidores, además de reducir trámites que son innecesarios para unidades de reciente fabricación. [Más…]